Transformemos Nuestra Sociedad

Hay gobiernos que comienzan a desgastarse lentamente, consumidos por el paso del tiempo, por los errores acumulados y por el cansancio ciudadano. Pero existen otros que, desde sus primeros meses, empiezan a revelar las contradicciones profundas sobre las cuales fueron construidos. El gobierno de José Antonio Kast parece pertenecer a esta segunda categoría: un proyecto político que llegó al poder prometiendo orden, autoridad, eficiencia y superioridad moral frente a sus adversarios, pero que rápidamente comenzó a enfrentar aquello que decía venir a corregir.

La gran paradoja de estos primeros meses es que una administración que hizo del “orden” su principal bandera política comenzó mostrando dificultades para ordenar su propia casa. Quienes durante años acusaron a otros gobiernos de improvisación, falta de liderazgo y debilidad institucional hoy enfrentan una realidad incómoda: una sucesión de renuncias, cambios de autoridades, cuestionamientos públicos y conflictos internos que golpean directamente la imagen de eficiencia que intentaron instalar durante años.

No todas las salidas de autoridades responden a las mismas razones. Algunas han estado vinculadas a problemas políticos, otras a cuestionamientos administrativos, investigaciones por abusos sexuales, denuncias por consumo de drogas o conflictos internos. Pero más allá de las causas específicas, existe un hecho político evidente: un gobierno que prometió estabilidad y capacidad de gestión comenzó enfrentando una crisis de instalación marcada por una alta rotación de funcionarios y por situaciones que contradicen el relato de una derecha supuestamente preparada para gobernar.

Porque la política tiene una regla básica que muchas veces se olvida: las promesas hechas desde la oposición se convierten en la vara con la que los ciudadanos juzgan a quienes llegan al poder. Durante años, la derecha chilena construyó un discurso donde cualquier problema de un gobierno progresista era presentado como una prueba definitiva de incompetencia. Si existía una renuncia, era una crisis; si había un conflicto interno, era falta de conducción; si una autoridad cometía un error, era una muestra del fracaso completo del proyecto político.

Pero cuando los problemas aparecen dentro de sus propias filas, el lenguaje cambia. Lo que antes era incompetencia ahora se llama “ajuste”; lo que antes era crisis ahora es “reordenamiento”; lo que antes era falta de liderazgo ahora se presenta como “normalidad democrática”.

La diferencia es que la realidad no funciona con discursos. La ciudadanía observa resultados.

Y el resultado inicial es que un gobierno que llegó prometiendo una administración profesional y rigurosa ha tenido que dedicar una parte importante de sus primeros meses a explicar problemas internos, defender autoridades cuestionadas y enfrentar situaciones que debilitan precisamente la imagen que buscaba proyectar.

La contradicción es todavía mayor porque este proyecto político se presentó como una alternativa de “mano firme” frente a un supuesto periodo de desorden nacional. Sin embargo, la firmeza no se demuestra solamente con frases duras, discursos contra la delincuencia o apelaciones permanentes a la autoridad. La verdadera autoridad se demuestra administrando correctamente el Estado, escogiendo equipos competentes y resolviendo los problemas reales de las personas.

Gobernar no es una campaña electoral permanente.

Un país no se administra como una consigna.

Y un Estado no funciona como una empresa privada donde basta cambiar gerentes cuando aparecen dificultades.

Precisamente allí aparece una de las contradicciones centrales de la derecha chilena: su histórica defensa de una lógica empresarial aplicada al Estado. Durante décadas ha instalado la idea de que los problemas públicos se solucionan incorporando criterios de administración privada, reduciendo el tamaño del Estado y entregando mayor espacio al mercado. Sin embargo, la experiencia demuestra que una nación no es una compañía y que las necesidades sociales no pueden resolverse exclusivamente bajo criterios de rentabilidad.

Esta contradicción aparece con especial fuerza en la discusión sobre Codelco.

Durante décadas, la Corporación Nacional del Cobre ha sido mucho más que una empresa estatal. Ha representado una expresión concreta de soberanía económica, una herramienta mediante la cual Chile captura parte de la riqueza generada por uno de sus principales recursos naturales. El cobre no es solamente un producto de exportación: es una fuente histórica de financiamiento para el desarrollo del país.

Por eso, cada vez que desde sectores de la derecha surge la idea de avanzar hacia una privatización o una apertura mayor al capital privado, no estamos frente a una discusión puramente económica. Estamos frente a una discusión política profunda: quién controla la riqueza nacional y para beneficio de quién se utiliza.

Aquí aparece una paradoja difícil de ignorar. La misma derecha que suele hablar de patriotismo, defensa de los símbolos nacionales y protección de los intereses de Chile, al momento de discutir los recursos estratégicos del país vuelve a colocar al mercado como protagonista principal.

Es una contradicción histórica: mucho discurso sobre la patria, pero cuando aparece la riqueza concreta de la nación, la solución propuesta suele ser entregarla a la lógica privada.

Desde nuestra visión, esta tensión no resulta nueva. El conflicto entre propiedad social y propiedad privada de los medios fundamentales de producción atraviesa toda la historia del capitalismo. La discusión sobre Codelco representa justamente esa disputa: si un recurso estratégico pertenece al conjunto de la sociedad o si debe transformarse principalmente en una oportunidad de inversión y acumulación privada.

El cobre pertenece a Chile porque generaciones enteras construyeron esa riqueza. Son trabajadores, mineros, técnicos e ingenieros quienes han hecho posible que esa empresa exista. No es simplemente un activo financiero que pueda analizarse como si fuera una acción más dentro de una bolsa de valores.

Pero quizás la contradicción más evidente del actual gobierno aparece cuando se observa la relación entre Estado y ciudadanía.

Porque los gobiernos no se evalúan solamente por sus discursos ideológicos. Se evalúan por la capacidad de responder cuando las personas enfrentan problemas concretos.

Cuando una familia pierde su vivienda producto de una inundación, cuando una comunidad queda aislada por una emergencia climática, cuando los trabajadores ven aumentar sus gastos cotidianos producto del alza de los combustibles, la pregunta no es cuántas veces un gobierno habla de autoridad.

La pregunta es: ¿está el Estado presente?

Durante años, la derecha ha defendido la idea de un Estado pequeño, limitado y con una intervención reducida en la economía. Pero existe una contradicción evidente: mientras se exige menos Estado para garantizar derechos sociales, se reclama rápidamente la presencia estatal cuando los grandes intereses económicos necesitan apoyo, infraestructura o condiciones favorables para sus negocios.

Es la vieja lógica del Estado mínimo para la mayoría y Estado protector para los poderosos.

Porque cuando una empresa necesita condiciones favorables, aparecen los argumentos sobre competitividad y crecimiento. Pero cuando una familia necesita apoyo frente al aumento del costo de vida, aparecen las explicaciones sobre responsabilidad fiscal y límites presupuestarios.

La misma contradicción se observa frente a la crisis climática. Chile enfrenta una realidad donde los eventos extremos serán cada vez más frecuentes y donde se necesita planificación pública, inversión, prevención y coordinación estatal. Sin embargo, una visión política que históricamente desconfía del Estado termina chocando contra una realidad donde solamente un Estado fuerte puede enfrentar desafíos de esta magnitud.

No existe mercado capaz de organizar una evacuación ante una emergencia.

No existe empresa privada capaz de reemplazar completamente la planificación territorial.

No existe lógica de negocio capaz de sustituir la responsabilidad pública.

El problema de fondo es que este gobierno parece atrapado entre su discurso ideológico y las necesidades reales del país. Quiere presentarse como garante de orden, pero enfrenta dificultades internas.

 Quiere defender el interés nacional, pero sectores de su propia coalición cuestionan uno de los principales símbolos de soberanía económica. Quiere reducir el Estado, pero descubre que la sociedad necesita precisamente más capacidad estatal para enfrentar sus problemas.

Después de estos primeros meses, comienza a quedar al descubierto la verdadera naturaleza del proyecto político encabezado por Kast: 

Más control para los ciudadanos.

Más libertad para el capital.

Más exigencia para los trabajadores.

Menos responsabilidades para quienes concentran el poder económico.

Esa es la contradicción central.

Porque cuando un gobierno habla de orden, siempre debemos preguntar: ¿orden para quién?

¿Orden para garantizar mejores salarios, mejores pensiones y mayor protección social?

¿Orden para fortalecer la salud y la educación pública?

¿Orden para enfrentar las desigualdades que atraviesan Chile?

¿O simplemente orden para mantener intacta una estructura económica donde unos pocos concentran la riqueza mientras la mayoría enfrenta las dificultades del día a día?

La historia demuestra que los gobiernos no se definen por sus discursos, sino por los intereses sociales que representan. Y en sus primeros meses, el gobierno de Kast comienza a mostrar que detrás de la retórica de autoridad, eficiencia y patriotismo existe una visión profundamente arraigada: aquella donde el mercado ocupa el centro y donde las necesidades sociales quedan subordinadas.

El problema no es que un gobierno cometa errores. Todos los gobiernos los cometen.

El problema es haber llegado al poder prometiendo ser la solución definitiva frente al supuesto fracaso de todos los demás y descubrir, apenas iniciado el camino, que la realidad es mucho más compleja que un eslogan electoral.

Porque al final existe una verdad que ningún gobierno puede evitar:

la propaganda puede ganar una elección, pero solamente la realidad puede sostener un gobierno.