Semana 20 abril

En las últimas semanas, la coyuntura política chilena debe entenderse como parte de un proceso más amplio de reconfiguración del capitalismo a nivel global. El escenario internacional continúa marcado por tensiones geopolíticas entre grandes potencias, desaceleración económica con presiones inflacionarias persistentes y un avance político de sectores conservadores y de derecha en distintos países. Desde una perspectiva marxista, este contexto puede interpretarse como una fase de recomposición del capital frente a crisis acumuladas —financieras, productivas y sociales— donde los Estados tienden a reordenar sus políticas para asegurar condiciones de acumulación en un entorno más incierto. América Latina, y en particular Chile, adquiere relevancia en este escenario debido a su rol como proveedor de materias primas estratégicas, lo que refuerza su inserción dependiente en el mercado mundial.

En este marco, el gobierno de José Antonio Kast ha profundizado en las últimas semanas su programa económico a través del denominado Plan de Reconstrucción y Desarrollo, consolidando una orientación centrada en incentivos al capital, reducción de impuestos a las empresas y desregulación. Estas medidas buscan atraer inversión y dinamizar la economía, pero al mismo tiempo refuerzan una lógica en la que el Estado actúa como facilitador de la acumulación privada. Esta orientación se ha combinado con una agenda fuerte en seguridad, control migratorio y orden público, configurando un proyecto político que articula liberalización económica con conservadurismo en lo valórico y en el manejo del conflicto social.

Sin embargo, esta estrategia ha comenzado a enfrentar límites evidentes en el plano social y político. En las últimas semanas se ha consolidado una caída en los niveles de aprobación del gobierno, impulsada por factores como el aumento del costo de la vida, la presión sobre sectores endeudados y la percepción de que las principales medidas económicas benefician de manera desproporcionada a los sectores empresariales. Esta pérdida de apoyo puede entenderse, desde una lectura marxista, como expresión de una contradicción estructural: mientras el capital requiere condiciones favorables para sostener su rentabilidad, las condiciones de reproducción material de amplios sectores de la población se ven deterioradas. Cuando esta brecha se amplía, se debilita la capacidad del Estado para sostener consenso social, abriendo una potencial crisis de hegemonía.

Frente a este escenario, el sistema político ha comenzado a reconfigurarse. En particular, el Partido Comunista de Chile ha desempeñado un rol activo en las últimas semanas, articulando una crítica sostenida al programa del gobierno mientras mantiene presencia en el espacio institucional. El partido ha cuestionado con fuerza el contenido del plan económico, señalando que privilegia a los sectores de mayores ingresos y compromete la capacidad del Estado para financiar derechos sociales. Dirigentes como Lautaro Carmona han planteado dudas sobre la viabilidad del financiamiento de las medidas, advirtiendo inconsistencias entre la reducción de ingresos fiscales y la mantención del gasto social.

Al mismo tiempo, el Partido Comunista ha participado en instancias de diálogo legislativo, promoviendo la división del paquete de reformas para permitir una discusión más detallada de sus componentes. Esta estrategia refleja una combinación de oposición programática e intervención institucional, buscando incidir en el proceso legislativo sin abandonar su crítica de fondo. Paralelamente, el partido ha advertido que la implementación de políticas regresivas podría generar un aumento del malestar social, instalando la posibilidad de escenarios de mayor conflictividad si las condiciones de vida continúan deteriorándose. En el plano discursivo, también ha cuestionado el énfasis del gobierno en seguridad y orden, planteando que este puede desviar la atención de las causas estructurales de la desigualdad.

A nivel comunal, la situación en Ñuñoa refleja de manera concreta cómo estas dinámicas nacionales e internacionales se traducen en el territorio. La gestión municipal ha mantenido una relación ambivalente con el gobierno central, combinando coincidencias en áreas como seguridad y orden urbano con diferencias en políticas específicas, especialmente en educación y en el grado de centralización de las decisiones. La discusión sobre el traspaso de establecimientos a los Servicios Locales de Educación Pública ha evidenciado tensiones respecto del control y la gestión de recursos, mientras que en seguridad se ha observado una mayor alineación con el énfasis nacional en control y recuperación de espacios públicos.

Para la población de la comuna, los efectos de este escenario se manifiestan de forma directa en la vida cotidiana. El aumento del costo de la vida impacta el consumo, el transporte y los servicios básicos, afectando especialmente a sectores medios con altos niveles de endeudamiento. Las políticas municipales generan mejoras visibles en infraestructura y seguridad, pero no abordan las causas estructurales del malestar social. En educación, la incertidumbre sobre reformas y cambios institucionales introduce preocupación en las comunidades escolares. Todo esto ocurre en un contexto de alta politización, donde los debates nacionales se expresan rápidamente a nivel local.

En términos más amplios, lo que se observa es una intensificación de las contradicciones del modelo. El Estado, en su función dentro del capitalismo, busca garantizar condiciones de acumulación en un contexto global adverso, pero al hacerlo tensiona las condiciones de vida de la población. Esta tensión se expresa en la caída de la aprobación gubernamental, en el aumento del conflicto político y en la reconfiguración de los actores sociales y políticos. Ñuñoa, por su composición social y su alta participación ciudadana, actúa como un espacio donde estas dinámicas se vuelven especialmente visibles.

En síntesis, el momento actual se caracteriza por la convergencia de tres niveles de tensión: una reconfiguración global del capitalismo que presiona por mayores condiciones de acumulación, un proyecto gubernamental que profundiza esa lógica a nivel nacional, y una respuesta social y política que comienza a manifestar sus límites y contradicciones. En este escenario, tanto el Estado como los distintos actores políticos —incluido el Partido Comunista— se encuentran en un proceso de disputa por la dirección del país, en un contexto marcado por incertidumbre, conflicto latente y transformación estructural en curso.