03-08-2026

Hay quienes insisten en llamar "catástrofe natural" a lo que ocurre cada invierno. Basta que un río se desborde, que una quebrada vuelva a activarse o que un barrio quede bajo el agua para que la explicación aparezca casi automáticamente: "la naturaleza fue implacable". Es una frase cómoda. Tan cómoda que, muchas veces, termina ocultando una realidad mucho más incómoda: las lluvias son naturales; el desastre, en buena medida, es una construcción humana.

Antes que cualquier análisis político o económico, corresponde detenerse en quienes han perdido mucho más que bienes materiales. 

Las familias que aún se encuentran con sus viviendas anegadas, las que hoy limpian el barro de sus hogares, quienes permanecen aislados, quienes han visto desaparecer años de esfuerzo en unas pocas horas y quienes lamentan la muerte de un ser querido merecen la solidaridad de todo el país. Ninguna discusión sobre modelos de desarrollo puede hacer olvidar que detrás de cada estadística hay personas, historias y comunidades enteras enfrentando un dolor que difícilmente desaparecerá cuando las cámaras de televisión abandonen el lugar.

Sin embargo, precisamente por respeto a esas personas, resulta indispensable hacerse una pregunta incómoda: ¿por qué estas tragedias vuelven a repetirse una y otra vez sobre los mismos territorios?

Chile es un país que aprendió a convivir con los terremotos. Las normas antisísmicas son reconocidas internacionalmente; la ingeniería evolucionó; las ciudades comenzaron a construirse considerando que, tarde o temprano, la tierra volvería a moverse. Nadie imagina hoy levantar un edificio ignorando la posibilidad de un sismo de gran magnitud. Con las inundaciones, en cambio, pareciera que la memoria colectiva se evapora apenas deja de llover.

Cada invierno aparecen los mismos titulares. Se inundan las mismas poblaciones. Colapsan las mismas rutas. Los mismos puentes quedan inutilizados. Los mismos ríos recuperan el espacio que durante años se les fue quitando. Y, cuando vuelve el verano, el problema parece desaparecer hasta el siguiente sistema frontal.

La historia reciente del país demuestra que no se trata de episodios aislados. En 1982 y 1987 intensas lluvias provocaron graves inundaciones en la zona central. En 1991 los aluviones arrasaron sectores completos de Antofagasta, dejando una profunda huella en la memoria del norte. En 2015 la Región de Atacama volvió a sufrir uno de los desastres más graves de las últimas décadas, cuando el desierto fue atravesado por torrentes de agua y barro que destruyeron viviendas e infraestructura. Más recientemente, los temporales de 2023 afectaron extensamente al Maule, Ñuble y Biobío, con desbordes de ríos, miles de damnificados y cuantiosas pérdidas. Y nuevamente, durante 2026, distintas regiones del país, desde el norte chico hasta el sur, enfrentaron crecidas de cauces, caminos destruidos y comunidades aisladas.

La geografía cambia poco; las lluvias tampoco son una novedad. Lo que persiste es la incapacidad para reducir sistemáticamente la vulnerabilidad.

Buena parte de esa vulnerabilidad nace de la manera en que se ha planificado el territorio durante décadas.

Muchas ciudades crecieron ocupando planicies de inundación, rellenando humedales (que el actual ministro de vivienda insiste en querer seguir rellenando) o urbanizando quebradas que durante siglos funcionaron como vías naturales de evacuación del agua. Lo que durante generaciones fue considerado terreno riesgoso terminó convertido en suelo disponible para viviendas, industrias o proyectos inmobiliarios.

El resultado aparece cada vez que la naturaleza recuerda cuál era el verdadero curso del río.

No se trata simplemente de un error técnico. También existen decisiones económicas detrás de esa expansión urbana. El suelo urbano posee un enorme valor económico y, en numerosas ocasiones, la presión por ampliar las ciudades ha terminado imponiéndose sobre criterios ambientales o de gestión del riesgo. Allí donde antes existían humedales capaces de absorber grandes volúmenes de agua hoy abundan superficies impermeables: pavimento, cemento y construcciones que aceleran escurrimiento de las aguas y aumentan el riesgo de inundación.

La economía política ofrece una mirada interesante sobre este fenómeno. Diversos autores han señalado que, cuando el suelo se transforma principalmente en un activo económico, las decisiones de uso del territorio pueden privilegiar la rentabilidad de corto plazo por sobre la seguridad colectiva y la sustentabilidad. Desde esa perspectiva, las catástrofes no serían únicamente consecuencia de fenómenos climáticos extremos, sino también del modo en que una sociedad organiza la producción del espacio urbano y distribuye los riesgos entre sus habitantes.

Y esos riesgos, por cierto, no se distribuyen de manera uniforme.

Las familias con mayores ingresos suelen disponer de mejores viviendas, seguros, infraestructura y capacidad para recuperarse. En cambio, los sectores de menores recursos son quienes con mayor frecuencia habitan zonas expuestas, construcciones más precarias o barrios con infraestructura insuficiente. Cuando ocurre una inundación, la lluvia cae sobre todos, pero las consecuencias no son iguales para todos.

En ese sentido, el agua también revela una desigualdad profundamente arraigada.

El cambio climático añade un elemento adicional. Numerosos estudios científicos muestran que el aumento de la temperatura global está modificando los patrones de precipitación y favoreciendo eventos meteorológicos más intensos en diversas regiones del planeta. Ello no significa que cada inundación sea causada exclusivamente por el cambio climático, pero sí que la planificación futura debe considerar escenarios más exigentes que los del pasado.

Si los fenómenos extremos serán más frecuentes o más intensos, resulta aún menos razonable seguir construyendo ciudades como si pertenecieran al clima de principio de siglo XX.

También corresponde analizar el papel del Estado.

Cada emergencia moviliza enormes esfuerzos de funcionarios públicos, municipios, equipos de emergencia, bomberos, fuerzas de orden, organizaciones sociales y miles de voluntarios. Su trabajo suele ser decisivo para salvar vidas y asistir a las comunidades afectadas. Sin embargo, una crítica recurrente en distintos sectores apunta a que las respuestas institucionales siguen concentrándose demasiado en la reacción frente a la emergencia y mucho menos en la prevención estructural.

La prevención rara vez ocupa portadas porque sus resultados no siempre son visibles. Un humedal protegido no genera titulares. Un colector de aguas lluvias correctamente dimensionado pasa inadvertido. Un plan regulador que prohíbe construir en una zona inundable puede incluso resultar impopular. Sin embargo, son precisamente esas decisiones las que evitan futuras tragedias.

Quizás allí se encuentre una de las principales lecciones pendientes del país. Chile demostró que era capaz de aprender de los terremotos. Lo hizo invirtiendo en ciencia, ingeniería, regulación y planificación. No existe una razón objetiva para que no pueda hacer lo mismo frente a las inundaciones. Ello requiere fortalecer la planificación territorial basada en evidencia científica; proteger humedales, bosques ribereños y cauces naturales; impedir nuevas urbanizaciones en zonas de alto riesgo; modernizar la infraestructura de aguas lluvias; restaurar ecosistemas capaces de amortiguar crecidas; mejorar los sistemas de alerta temprana y garantizar que las políticas habitacionales incorporen criterios rigurosos de seguridad climática.

Estas medidas tienen un costo. Pero la experiencia demuestra que reconstruir una ciudad destruida siempre resulta mucho más caro que prevenir su destrucción.

Las inundaciones seguirán ocurriendo. Forman parte de la geografía y del clima de Chile. Lo que no debería seguir ocurriendo es que cada invierno miles de familias enfrenten exactamente el mismo drama mientras el país actúa como si fuera la primera vez.

Cuando el barro finalmente se seca, suele instalarse una peligrosa sensación de normalidad. Es precisamente entonces cuando comienza la verdadera prueba para una sociedad: decidir si el próximo invierno volverá a lamentar las mismas pérdidas o si, por fin, aprenderá que las tragedias naturales no siempre son inevitables. Muchas veces, el desastre comienza mucho antes de que caiga la primera gota de lluvia. Empieza cuando la memoria colectiva es más corta que el ciclo de las estaciones y cuando las decisiones de planificación privilegian el corto plazo por sobre la protección de la vida y el bienestar común.