20-07-2026

Hay acontecimientos capaces de detener, aunque sea por unas semanas, el pulso habitual de la política. No porque desaparezcan los problemas cotidianos, sino porque una gigantesca maquinaria cultural consigue concentrar la atención de millones de personas en un único espectáculo. El Mundial de Fútbol posee esa extraordinaria capacidad. Chile ni siquiera clasificó a esta Copa del Mundo. Sin embargo, el país entero terminó hablando de los mismos partidos, de los mismos goles, de las mismas figuras y de las mismas polémicas arbitrales. Los horarios cambiaron para alcanzar a ver un encuentro; las conversaciones giraron en torno a los resultados; las redes sociales se inundaron de comentarios futboleros. La selección chilena no estaba en la cancha, pero el Mundial sí estaba en la cabeza de buena parte del país.

Y fue precisamente durante esa auténtica borrachera mundialera cuando el gobierno de José Antonio Kast y un Parlamento cada vez más alineado con los intereses del gran empresariado decidieron aprobar la denominada Ley de Reconstrucción.

No es casualidad. Las clases dominantes siempre han sabido aprovechar los momentos en que la sociedad mira hacia otro lado. Mientras la mayoría observa el espectáculo, otros escriben las reglas del juego. Es una vieja lección de la política: los grandes retrocesos rara vez llegan anunciados con estridencia. Suelen avanzar silenciosamente, protegidos por el ruido de la contingencia, por la saturación informativa o por el entusiasmo colectivo que desvía la atención hacia asuntos que, aunque legítimos, terminan funcionando como una conveniente cortina de humo. No fue necesario que Chile jugara el Mundial. Bastó con que millones de chilenos vivieran el Mundial como propio.

Porque el problema nunca fue el fútbol. El problema fue que el poder entendió que, mientras la conversación nacional giraba en torno al balón, existía una oportunidad inmejorable para aprobar una ley cuyas consecuencias comenzarán a sentirse precisamente cuando la fiesta haya terminado.

Y toda borrachera tiene su resaca. Cuando el Mundial concluye, los estadios se apagan, los programas deportivos vuelven a la normalidad y las banderas regresan al clóset. Entonces reaparece la vida cotidiana: las cuentas por pagar, el salario que no alcanza, la lista de espera en un hospital, el arriendo, la incertidumbre laboral y la angustia por llegar a fin de mes.

Es en ese momento cuando muchos descubrirán que, mientras discutían si el árbitro acertó o no en un penal, el país había cambiado un poco más. No por decisión popular, sino por decisión de una mayoría política que aprovechó el instante preciso para avanzar en un proyecto coherente con los intereses de quienes representa.

Porque la llamada Ley de Reconstrucción no puede analizarse como una simple respuesta técnica a una necesidad nacional. Toda ley expresa una determinada correlación de fuerzas entre clases sociales. Ninguna legislación nace en el vacío. Detrás de cada artículo aprobado existen intereses económicos concretos, beneficiarios perfectamente identificables y costos que alguien terminará pagando.

Estado no constituye un árbitro neutral que se eleva por encima de la sociedad, es, en esencia, la organización política mediante la cual la clase dominante administra sus intereses generales. Quienes todavía creen que el Estado actúa con independencia de los grandes grupos económicos suelen sorprenderse cada vez que una ley favorece sistemáticamente al capital. Quienes observan la realidad desde el materialismo histórico, en cambio, difícilmente pueden sorprenderse: el Estado capitalista cumple precisamente la función para la cual fue construido.

Desde esa perspectiva, la Ley de Reconstrucción no constituye una excepción. Constituye una confirmación.

Se presenta como una herramienta para acelerar inversiones, facilitar obras y responder con rapidez a las necesidades del país. El lenguaje parece irreprochable. ¿Quién podría oponerse a reconstruir? Sin embargo, uno de los mecanismos ideológicos más antiguos consiste precisamente en ocultar el contenido real de las políticas detrás de nombres cuidadosamente escogidos. Las palabras también cumplen una función política.

No es la primera vez.

A la reducción de derechos se le llamó modernización.

A la precarización laboral se le llamó flexibilidad.

A la privatización se le llamó libertad de elección.

A la disminución del Estado se le llamó eficiencia.

Ahora se habla de reconstrucción.

Pero conviene preguntarse qué es exactamente lo que se reconstruye.

Porque da la impresión de que no se reconstruyen únicamente caminos, viviendas o infraestructura dañada. También se reconstruye un modelo de desarrollo donde las decisiones se concentran cada vez más, donde los controles públicos se debilitan, donde la participación ciudadana pierde espacio frente a la urgencia administrativa y donde los grandes actores económicos encuentran nuevas facilidades para expandir sus negocios. Todo ello envuelto en un discurso patriótico que convierte cualquier crítica en un supuesto obstáculo para el progreso.

La urgencia siempre ha sido una extraordinaria aliada del neoliberalismo.

Todo debe hacerse rápido. Todo debe aprobarse ahora.Todo cuestionamiento es presentado como burocracia.Toda deliberación democrática aparece como un estorbo. Y así, paso a paso, la democracia comienza a ser tratada como un lujo prescindible cuando entra en conflicto con la velocidad que exige el mercado.

Ese es el verdadero sentido político de esta legislación.

No se trata solamente de reconstruir infraestructura. se trata de reconstruir las condiciones que permiten una acumulación aún mayor del capital bajo el argumento de una necesidad nacional, y para ello resulta indispensable un Parlamento dispuesto a levantar la mano cuando corresponde.

Porque ninguna ley de esta magnitud se aprueba por generación espontánea. Cada voto favorable representa una decisión política. Cada abstención calculada tiene consecuencias. Cada silencio parlamentario también legisla. 

Después vendrán las explicaciones. Algunos dirán que desconocían ciertos efectos, otros sostendrán que el reglamento cambió el espíritu de la ley. Habrá quienes culpen al Ejecutivo, otros responsabilizarán a los equipos técnicos. Es un libreto demasiado conocido.

Pero la historia rara vez absuelve a quienes, teniendo la responsabilidad de representar a la ciudadanía, optan por representar otros intereses.

La verdadera ironía de todo esto es que la denominada reconstrucción probablemente termine reconstruyendo mucho menos de lo que promete y consolidando mucho más de lo que calla.

Porque las desigualdades no desaparecen acelerando permisos administrativos. La pobreza no se supera reduciendo controles. La desigualdad territorial no se resuelve fortaleciendo la lógica del mercado y el desarrollo jamás puede medirse exclusivamente por la velocidad con que circula el capital mientras millones continúan esperando derechos que nunca llegan.

La derecha chilena siempre ha sostenido que el crecimiento económico resolverá, casi por generación espontánea, los problemas sociales. Es la vieja teoría del chorreo, tantas veces desmentida por la realidad y tantas veces reciclada con nuevos nombres. Primero crece la economía, dicen; después vendrá el bienestar para todos.

Pero la experiencia histórica demuestra exactamente lo contrario. Cuando el crecimiento queda entregado exclusivamente a la lógica de la rentabilidad privada, la riqueza tiende a concentrarse aún más. Las ganancias suben por el ascensor mientras los derechos sociales continúan subiendo por la escalera.

Eso no constituye un accidente. Es el funcionamiento normal del capitalismo y por eso resulta ingenuo esperar que un gobierno profundamente comprometido con los intereses del gran empresariado impulse transformaciones que limiten el poder económico de quienes constituyen su principal base de apoyo.

El problema, entonces, no es únicamente Kast. El problema es un modelo político donde el poder económico influye decisivamente sobre el poder legislativo, donde las grandes decisiones nacionales suelen adoptarse mucho más cerca de los directorios empresariales que de las organizaciones sociales, y donde las mayorías son convocadas periódicamente a votar, pero rara vez a decidir.

La resaca mundialera terminará pasando. Los goles quedarán para las estadísticas. Los campeones ocuparán un lugar en la historia del fútbol.

Pero las leyes seguirán regulando la vida cotidiana de millones de personas mucho después de que el último estadio haya apagado sus luces y quizás esa sea la enseñanza más importante de estos días.

No fue el Mundial el responsable de lo ocurrido. El responsable fue un poder político que supo aprovechar un momento de distracción colectiva para hacer avanzar un proyecto que difícilmente habría pasado tan inadvertido en medio de una ciudadanía plenamente movilizada.

Porque los pueblos no sólo deben preguntarse quién gobierna.

También deben preguntarse cuándo gobierna, cómo gobierna y aprovechando qué circunstancias gobierna.

La borrachera termina inevitablemente, la resaca también.

Lo verdaderamente decisivo es qué hará la ciudadanía cuando, con la cabeza ya despejada, descubra que mientras el mundo miraba una pelota rodar, otros seguían moviendo las piezas que determinan el destino del país.

Porque los mundiales duran un mes.

Las leyes pueden durar generaciones.