30-08-2026

Hay una palabra que se ha convertido en el comodín político de la derecha latinoamericana: seguridad. Se pronuncia en los discursos, aparece en las entrevistas, ocupa las pantallas de televisión y sirve para justificar casi cualquier cosa. Más policías, más cárceles, más vigilancia, más atribuciones presidenciales, más estados de excepción, más facultades para las Fuerzas Armadas y, cuando todo eso todavía parece insuficiente, más decretos.

La delincuencia existe. El crimen organizado existe. El narcotráfico existe. Y la gente tiene miedo. Sería absurdo negarlo. Pero precisamente porque el miedo es real resulta tan peligroso convertirlo en una herramienta política.

Porque una cosa es combatir el delito y otra muy distinta es construir una sociedad convencida de que, para sentirse segura, debe renunciar progresivamente a su libertad.

Ese parece ser uno de los grandes experimentos políticos que está recorriendo América Latina.

Y Chile, bajo el gobierno de José Antonio Kast, se está convirtiendo en uno de sus laboratorios más visibles.

Kast llegó a La Moneda prometiendo orden, autoridad y seguridad. Hasta ahí, nada particularmente extraordinario. Cualquier gobierno tiene la obligación de proteger a la población. El problema comienza cuando la seguridad deja de ser una política pública y se transforma en una concepción del Estado: un Estado que observa, controla, castiga y sospecha.

La propuesta del gobierno chileno para crear un nuevo estado de excepción por razones de seguridad pública resulta especialmente significativa. La iniciativa permitiría al Presidente decretarlo por períodos de hasta 240 días sin autorización previa del Congreso y contempla restricciones severas sobre derechos como la libertad personal, de reunión y de asociación. El propio proyecto ha provocado críticas incluso desde sectores de la derecha, donde se ha advertido que podría acercarse a una concepción “iliberal” del poder.

Conviene detenerse aquí.

Porque cuando un gobierno pide más poder para combatir la delincuencia, la pregunta democrática no debería ser solamente cuánto poder necesita. También debería ser: ¿qué límites estamos dispuestos a conservar?

La historia enseña que las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. No suele ocurrir que una mañana alguien se despierte, mire por la ventana y descubra que ya vive bajo una dictadura. Lo habitual es bastante menos cinematográfico y mucho más peligroso. Se van modificando las reglas. Se amplían las excepciones. Se normalizan los controles. Se presentan restricciones como medidas temporales. Se promete que todo será utilizado exclusivamente contra delincuentes. Y, poco a poco, aquello que era excepcional comienza a parecer normal.

En Alemania ocurrió algo que debería formar parte de la memoria política de cualquier sociedad democrática.

En febrero de 1933, después del incendio del Reichstag, el gobierno de Adolf Hitler presentó el hecho como parte de una supuesta conspiración comunista. El decreto posterior suspendió derechos civiles fundamentales, permitió detenciones sin juicio previo y amplió extraordinariamente las facultades del poder central.

No fue necesario comenzar diciendo “vamos a destruir la democracia”.

Bastó decir: “hay una amenaza”.

Y después vino otra amenaza. Y otra. Y otra.

La excepcionalidad terminó convirtiéndose en una nueva normalidad.

Por supuesto, sería intelectualmente pobre afirmar que Kast es Hitler o que Chile es la Alemania de 1933. Esa comparación mecánica no explica nada y, además, trivializa una de las experiencias más atroces de la historia contemporánea. La historia no se repite como una fotocopia.

Pero la historia sí puede enseñarnos a reconocer determinados mecanismos.

Y uno de ellos es particularmente reconocible: cuando el miedo social comienza a utilizarse para transformar la relación entre ciudadanía y Estado.

El delincuente termina siendo presentado como una amenaza absoluta. El migrante puede ser convertido en sospechoso. El manifestante comienza a ser tratado como perturbador del orden. La protesta social puede confundirse deliberadamente con violencia. La organización popular aparece como un obstáculo. Y todo aquel que cuestione el endurecimiento del Estado corre el riesgo de ser presentado como alguien que “defiende a los delincuentes”.

Es una operación política extraordinariamente eficaz. Nadie quiere defender al delincuente. Entonces la discusión deja de ser acerca de las causas de la delincuencia, de la desigualdad territorial, del narcotráfico, del lavado de dinero, de la corrupción, de la precariedad laboral, del abandono de determinados barrios o de la captura de instituciones por intereses económicos.

Todo se reduce a una escena mucho más simple: buenos contra malos.

Y para derrotar a los malos, nos dicen, hay que darle más poder al Estado.

Pero hay una pregunta que casi nunca aparece en ese relato: ¿qué intereses económicos se benefician de esa transformación?

Porque mientras la ciudadanía mira las imágenes de policías, militares, cárceles y operativos, la derecha continúa haciendo lo que históricamente ha sabido hacer mejor: reorganizar el Estado y la economía en favor de determinados intereses sociales.

El discurso del orden no aparece aislado del discurso económico.

En Chile, el gobierno de Kast ha combinado una política de endurecimiento de la seguridad con una orientación favorable a la inversión y al gran capital. La renovación de acuerdos mineros entre Chile y Argentina bajo los gobiernos de Kast y Javier Milei es un buen ejemplo de esa convergencia regional: más inversión privada, explotación intensiva de recursos estratégicos y un Estado dispuesto a facilitar las condiciones para los grandes proyectos económicos.

Mientras tanto, la política social tiende a ser presentada como gasto, la regulación como obstáculo y la organización colectiva como problema.

Es la vieja fórmula, ahora vestida con uniforme de seguridad.

No se trata simplemente de que la derecha quiera “mano dura”. Lo que está en juego es algo más profundo: qué tipo de sociedad pretende construir.

Una sociedad donde los problemas colectivos se enfrentan mediante derechos sociales, educación, trabajo digno, vivienda, salud, barrios integrados y oportunidades, o una sociedad donde cada conflicto social termina transformándose en un problema policial.

La primera requiere política, la segunda requiere policías y políticamente resulta mucho más cómoda.

Porque construir una escuela demora años. Recuperar un barrio exige inversión, organización comunitaria y presencia permanente del Estado. Desarticular las redes financieras del narcotráfico requiere investigación económica, inteligencia y persecución del dinero. Reducir las causas estructurales de la violencia exige políticas sociales.

En cambio, poner un contingente militar en una calle produce una imagen inmediata.

Y la política contemporánea, especialmente la política populista, vive de imágenes.

No es casual que el gobierno de Kast haya dado una enorme importancia comunicacional a operaciones de alto impacto como el traslado masivo de internos considerados de alta peligrosidad. La denominada Operación Cancerbero trasladó a 1.500 reclusos al complejo penitenciario de Talca y fue presentada como una señal de autoridad y disuasión.

La imagen es poderosa: camiones, policías, uniformes, cárceles, cámaras.

El problema es que un Estado no se mide solamente por la espectacularidad con que castiga.

Se mide también por su capacidad para impedir que el delito se reproduzca.

Y ahí aparece una contradicción que la derecha prefiere esconder debajo de la alfombra.

Si el crimen organizado es una estructura económica, ¿por qué se habla tanto del soldado que entra al barrio y tan poco del empresario que lava el dinero?

Si el narcotráfico mueve millones, ¿por qué el discurso de seguridad se concentra en el pequeño traficante de la esquina y no siempre en las redes financieras que permiten que el negocio exista?

Si la violencia se concentra territorialmente, ¿por qué la política pública suele llegar con mayor velocidad en forma de control que en forma de derechos?

La respuesta es incómoda.

Porque controlar a los pobres es mucho más fácil que transformar las condiciones que producen pobreza, exclusión y marginalidad.

Y porque un Estado que aprende a vigilar también aprende a controlar políticamente.

Eso es precisamente lo que debería preocuparnos cuando observamos el giro que atraviesa distintos gobiernos latinoamericanos.

Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia presentan realidades nacionales completamente diferentes y sería irresponsable meterlas a todas en un mismo saco. Pero existe una tendencia regional que merece atención: gobiernos que, ante crisis de seguridad, conflictos sociales o debilitamiento institucional, recurren crecientemente a decretos, estados de excepción, facultades extraordinarias y dispositivos de emergencia.

En Ecuador, Daniel Noboa ha mantenido durante 2026 distintos estados de excepción mediante decretos ejecutivos, incluyendo la renovación de la declaratoria por grave conmoción interna en varias provincias.

En Perú, el Ejecutivo ha recurrido a decretos legislativos vinculados a la lucha contra la delincuencia y ha extendido estados de emergencia en distintas zonas del territorio.

En Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz promulgó una ley destinada a regular los estados de excepción y, semanas después, decretó uno para enfrentar los bloqueos de carreteras.

En Argentina, el gobierno de Javier Milei continúa utilizando la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia para intervenir en materias relevantes de la administración pública y la economía.

No son procesos idénticos. No responden a las mismas circunstancias. No todos implican una deriva autoritaria ni pueden ser equiparados entre sí.

Pero hay algo que sí merece ser observado: la creciente naturalización de gobernar mediante la excepcionalidad.

Y cuando la excepcionalidad se vuelve permanente, deja de ser excepcional.

Ese es el verdadero peligro.

Porque el autoritarismo moderno no necesariamente llega golpeando la puerta. A veces llega ofreciendo protección.

No dice: “te quitaré tus derechos”. Dice: “te protegeré”.

No dice: “controlaré tu vida”. Dice: “controlaré a los delincuentes”.

No dice: “limitaré la protesta”. Dice: “garantizaré el orden”.

No dice: “concentraré el poder”. Dice: “necesitamos un gobierno fuerte”.

Y esa es quizás la trampa más sofisticada.

La derecha contemporánea ha comprendido que ya no necesita presentarse como enemiga de la democracia. Puede presentarse como su salvadora frente al caos.

El relato es perfecto: antes había desorden; nosotros traeremos orden. Antes había delincuencia; nosotros traeremos seguridad. Antes había políticos inútiles; nosotros traeremos autoridad.

El problema aparece cuando alguien pregunta quién vigilará a quienes vigilan.

Ahí comienza la verdadera discusión democrática.

Porque la seguridad de una sociedad no consiste únicamente en que el ciudadano pueda caminar por la calle sin miedo a ser asaltado. También consiste en que pueda protestar sin miedo, organizarse sin miedo, expresarse sin miedo, reunirse sin miedo y exigir sus derechos sin que el Estado lo convierta en sospechoso.

Una sociedad verdaderamente segura no necesita elegir entre libertad y seguridad.

Necesita ambas.

Lo contrario es una sociedad disciplinada.

Y una sociedad disciplinada puede parecer muy ordenada desde lejos.

Pero basta acercarse un poco para descubrir que muchas veces el orden que se ofrece no es el orden de la justicia, sino el orden de la obediencia.

Por eso la discusión sobre Kast y sobre la nueva derecha latinoamericana no debería reducirse a si una medida determinada es constitucional o inconstitucional. Hay que mirar el conjunto.

Hay que mirar hacia dónde se mueve el Estado.

Hay que mirar quién gana poder.

Hay que mirar quién pierde derechos.

Hay que mirar qué sectores sociales son vigilados, cuáles son castigados y cuáles continúan acumulando riqueza prácticamente fuera del foco de la discusión pública.

Y, sobre todo, hay que preguntarse qué sociedad está naciendo detrás de la palabra seguridad.

Porque puede que el gran proyecto de esta nueva derecha no sea solamente derrotar al crimen.

Puede que sea algo mucho más ambicioso: construir una sociedad donde el miedo haga innecesaria la coerción visible, porque la propia ciudadanía termine aceptando como normal vivir bajo vigilancia.

Ese sería el triunfo perfecto.

No necesitarían soldados en cada esquina. Bastaría con que todos supiéramos que podrían estar allí.

Y entonces la democracia seguiría existiendo, habría elecciones, Congreso, tribunales y discursos sobre la libertad pero algo esencial habría cambiado.

La ciudadanía ya no sería entendida como sujeto de derechos, sería entendida como población que debe ser administrada y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es gigantesca.

Chile no es Alemania de 1933. América Latina tampoco está condenada a repetir aquella tragedia. Pero justamente por eso debemos aprender de la historia antes de que sea demasiado tarde. La democracia no se defiende solamente cuando llegan los tanques. Se defiende mucho antes: cuando alguien pretende convertir la excepción en regla, el miedo en política pública y la seguridad en una excusa para concentrar poder.

Porque una vez que el Estado aprende que puede gobernar mediante el miedo, resulta extraordinariamente difícil convencerlo de que vuelva a gobernar mediante derechos y quizás esa sea la pregunta que Chile debe hacerse hoy, antes de que la respuesta nos llegue escrita en un decreto:

¿queremos un país más seguro o simplemente un país más obediente?

No es lo mismo.

Y sería una tragedia descubrir la diferencia cuando ya sea demasiado tarde.