29-05-2026

Cada vez que la derecha chilena habla de delincuencia, pretende instalar la idea de que el crimen organizado es un fenómeno externo al sistema económico y político que ella misma ha defendido durante décadas. Se presenta como la fuerza del orden, de la seguridad y del combate implacable contra el narcotráfico. Sin embargo, una mirada histórica permite observar una realidad mucho más compleja y contradictoria.

El narcotráfico no surge en el vacío. Es hijo de las profundas desigualdades que genera el capitalismo, de la exclusión social, de la destrucción de las organizaciones populares y de la mercantilización extrema de la vida. En Chile, las bases materiales para su expansión comenzaron a consolidarse durante la dictadura militar. Mientras el régimen de Augusto Pinochet desmantelaba sindicatos, organizaciones vecinales y formas colectivas de participación popular, imponía simultáneamente un modelo económico que concentró la riqueza en pocas manos y condenó a amplios sectores a la precariedad permanente.

No es casualidad que el narcotráfico haya encontrado terreno fértil precisamente en aquellos territorios donde el Estado abandonó sus responsabilidades sociales. Allí donde desaparecieron empleos estables, espacios comunitarios y políticas públicas integrales, surgieron economías ilegales capaces de ofrecer ingresos, protección y mecanismos de sobrevivencia que el sistema formal ya no garantizaba.

La historia latinoamericana demuestra que las organizaciones criminales prosperan cuando coinciden tres factores: desigualdad extrema, corrupción institucional y mercados altamente liberalizados para el movimiento de capitales. Chile no ha sido una excepción. Durante décadas, distintos casos han mostrado la capacidad del crimen organizado para infiltrarse en municipios, campañas electorales, empresas y redes de poder local, sin importar el color político de quienes ocupan cargos públicos.

Sin embargo, existe una responsabilidad particular de la derecha neoliberal. Mientras ha construido gran parte de su discurso político sobre el miedo y la inseguridad, ha sido incapaz de cuestionar las condiciones estructurales que permiten la reproducción del narcotráfico. Se persigue al vendedor de la esquina, pero no a los circuitos financieros que lavan millones de dólares. Se militarizan barrios populares, pero se evita discutir el papel de grandes operadores económicos que facilitan el movimiento de capitales ilícitos. Se criminaliza la pobreza mientras se protege la arquitectura económica que hace posible la acumulación de riqueza ilegal.

La llegada al gobierno de José Antonio Kast prometió una ofensiva sin precedentes contra el crimen organizado. Sin embargo, la realidad ha comenzado a mostrar contradicciones difíciles de ignorar. Diversas controversias han afectado a autoridades encargadas precisamente de liderar la política de seguridad. Entre ellas se encuentra la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, cuya trayectoria profesional previa como abogada defensora en causas relacionadas con personas investigadas por delitos vinculados al crimen organizado ha generado cuestionamientos públicos y políticos.

El problema no radica en el ejercicio legítimo de la defensa jurídica, principio esencial de cualquier Estado de Derecho. Lo relevante es la contradicción política que emerge cuando un gobierno que construyó su legitimidad sobre una retórica de mano dura termina enfrentando cuestionamientos respecto de las trayectorias de algunas de sus propias autoridades. La promesa de una superioridad moral frente al delito comienza a resquebrajarse cuando la realidad demuestra que las fronteras entre poder, dinero e influencia son mucho más difusas de lo que el discurso oficial pretende mostrar.

La experiencia histórica enseña que el narcotráfico no se combate únicamente con más cárceles, más policías o penas más altas. Se combate reduciendo la desigualdad, fortaleciendo las organizaciones sociales, recuperando espacios públicos, garantizando educación, trabajo digno y derechos sociales universales. Todo aquello que el proyecto político de la derecha ha combatido sistemáticamente.

Por eso resulta insuficiente, e incluso hipócrita, que quienes han defendido durante décadas un modelo que genera exclusión social pretendan presentarse ahora como los grandes enemigos del narcotráfico. El crimen organizado no es una anomalía externa al sistema; es una de sus expresiones más brutales cuando la lógica de la ganancia se impone sobre todas las demás consideraciones sociales.

La verdadera pregunta, entonces, no es cuántos discursos de mano dura puede pronunciar la derecha chilena. La pregunta es cuánto tiempo más podrá ocultar que muchas de las condiciones que hicieron posible el avance del narcotráfico nacieron precisamente bajo el modelo económico y social que ella sigue defendiendo hasta el día de hoy.