26-05-2026

Las recientes declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, respecto del origen del cambio climático, no constituyen un simple error comunicacional ni una desafortunada ambigüedad técnica. Son, en realidad, un síntoma político profundamente revelador. Cuando una ministra encargada precisamente de la protección ambiental afirma que “hay divergencia” respecto a la responsabilidad humana en el calentamiento global, no estamos frente a una opinión aislada, sino frente a una señal ideológica emitida desde el corazón mismo del gobierno de José Antonio Kast.

Y esa señal es grave.

No porque el debate científico permanezca abierto —porque no lo está—, sino precisamente porque la ciencia hace décadas resolvió aquello que la ministra pretende relativizar. El consenso internacional, expresado en múltiples informes del IPCC y respaldado por prácticamente la totalidad de la comunidad científica mundial, sostiene que el actual cambio climático tiene un origen predominantemente antropogénico; es decir, provocado por la acción humana, particularmente por el modelo industrial basado en combustibles fósiles y por la lógica expansiva del capitalismo contemporáneo.

Cuando la ministra Toledo habla de “divergencias”, lo que hace no es abrir un debate científico legítimo, sino introducir políticamente la duda allí donde la evidencia es abrumadora. Y esa estrategia tiene antecedentes conocidos. Fue exactamente el método utilizado durante décadas por las grandes corporaciones petroleras estadounidenses, por sectores conservadores vinculados a Donald Trump y por las nuevas derechas radicales europeas: sembrar incertidumbre para paralizar transformaciones estructurales.

Porque el problema del reconocimiento del cambio climático no es únicamente ambiental. Es económico. Es político. Es civilizatorio.

Aceptar plenamente el carácter humano de la crisis climática implica reconocer también que el modelo de acumulación capitalista es incompatible con la supervivencia ecológica del planeta. Significa admitir que la devastación ambiental no es producto de errores individuales, sino consecuencia directa de un sistema económico basado en la explotación ilimitada de la naturaleza, la privatización de los bienes comunes y la búsqueda infinita de ganancias. Y allí es donde el discurso de la ultraderecha entra en contradicción frontal con la ciencia.

La ultraderecha contemporánea —desde Trump hasta Bolsonaro, 

desde Vox hasta Le Pen— ha construido su proyecto político sobre tres pilares fundamentales: nacionalismo autoritario, neoliberalismo económico radical y negacionismo científico. El ataque contra la evidencia climática forma parte de una ofensiva más amplia contra el pensamiento crítico, la investigación científica y cualquier forma de regulación estatal que limite el poder del gran capital.

Chile no parece estar quedando fuera de esa tendencia.

Las declaraciones de la ministra Toledo aparecen, además, en un contexto particularmente revelador. El gobierno de Kast ya ha comenzado a revisar decretos ambientales, flexibilizar regulaciones y priorizar abiertamente la “reactivación económica” por sobre criterios ecológicos.  La propia ministra afirmó hace algunos días que la tensión entre crecimiento económico y protección ambiental sería “artificial”, reproduciendo uno de los dogmas clásicos del neoliberalismo contemporáneo: la idea de que el mercado puede resolver la crisis ecológica que él mismo provocó.

Sin embargo, la realidad demuestra exactamente lo contrario.

Chile vive una de las crisis hídricas más severas del planeta. La desertificación avanza desde el norte hacia la zona central. Los incendios forestales se vuelven cada vez más frecuentes y devastadores. Los glaciares retroceden aceleradamente. Las zonas de sacrificio continúan acumulando contaminación y enfermedades. Y mientras todo eso ocurre, los grandes grupos económicos ligados a la minería, al agronegocio y a las forestales siguen expandiendo sus márgenes de ganancia bajo protección estatal.

En ese escenario, relativizar el origen humano del cambio climático no es inocente. Cumple una función política concreta: justificar futuras políticas de desregulación ambiental.

Porque si el problema climático aparece como algo ambiguo, incierto o simplemente natural, entonces cualquier límite impuesto al extractivismo puede presentarse como exagerado, ideológico o innecesario. Allí radica el verdadero sentido del discurso de la ministra. No se trata simplemente de ignorancia científica —aunque probablemente exista una preocupante precariedad conceptual en sus declaraciones—, sino de la construcción deliberada de un marco político favorable al capital.

La ultraderecha comprende perfectamente que la transición ecológica amenaza intereses económicos gigantescos. Por eso busca desplazar el debate desde la evidencia hacia la opinión. Desde la ciencia hacia la ideología. Desde los hechos hacia la confusión.

No es casualidad que este tipo de discursos emerjan precisamente en gobiernos que promueven la reducción del Estado, la flexibilización regulatoria y el fortalecimiento irrestricto de la inversión privada. En América Latina, el negacionismo climático suele ir acompañado de la expansión minera, del debilitamiento de evaluaciones ambientales y de la criminalización de comunidades indígenas y movimientos socioambientales.

Y Chile podría encaminarse peligrosamente hacia esa dirección.

La tragedia es aún mayor porque nuestro país posee una enorme vulnerabilidad climática. Según diversos estudios internacionales, Chile reúne siete de las nueve características de vulnerabilidad definidas por Naciones Unidas. Eso significa que las consecuencias del calentamiento global no constituyen una amenaza futura, sino una realidad presente. La crisis hídrica ya afecta la agricultura campesina. El aumento de temperaturas golpea la salud pública. Las catástrofes climáticas generan desplazamientos humanos, destrucción productiva y profundización de desigualdades sociales.

En otras palabras: la crisis ecológica es también una crisis de clase.

Como advirtió Marx en sus análisis sobre la relación entre capitalismo y naturaleza, el sistema destruye simultáneamente sus dos fuentes fundamentales de riqueza: la tierra y el trabajo humano. Hoy esa contradicción alcanza dimensiones planetarias. El capitalismo contemporáneo no solo precariza la vida de millones de trabajadores; también erosiona las condiciones materiales que hacen posible la existencia misma de la sociedad.

Por eso el negacionismo climático no es simplemente una equivocación intelectual. Es una forma de violencia política.

Cuando un gobierno relativiza la evidencia científica sobre el calentamiento global, está legitimando indirectamente futuras zonas de sacrificio, nuevas privatizaciones de recursos naturales y mayores niveles de devastación ambiental. Está diciendo, en los hechos, que la rentabilidad empresarial vale más que la estabilidad ecológica de las próximas generaciones.

Y eso resulta particularmente peligroso en una época marcada por el ascenso mundial de proyectos autoritarios. Porque el deterioro climático no solo produce desastres ambientales: también genera condiciones ideales para políticas represivas, militarización territorial y discursos nacionalistas basados en el miedo, la escasez y la competencia por recursos.

La historia demuestra que el fascismo siempre ha necesitado enemigos imaginarios y verdades relativizadas. Hoy, la ultraderecha global encuentra en el negacionismo climático una herramienta funcional para proteger intereses económicos mientras desmantela consensos democráticos y científicos.

Las declaraciones de Francisca Toledo, por tanto, deben entenderse como algo más que un episodio mediático. Son una advertencia política. Revelan el tipo de horizonte ideológico que comienza a consolidarse en sectores importantes de la derecha chilena: un proyecto donde el crecimiento económico se convierte en dogma absoluto, la ciencia es subordinada a conveniencias políticas y el medio ambiente pasa a ser un obstáculo administrable para la acumulación capitalista.

En tiempos de crisis climática global, la ignorancia ya no es solamente ignorancia.

Es programa de gobierno.