25-05-2026

La tragedia que hoy se vive en Gaza no nació el 7 de octubre de 2023, ni puede comprenderse únicamente como una “guerra” entre dos bandos equivalentes. Lo que presencia el mundo es la culminación brutal de un largo proceso colonial, sostenido durante décadas por las potencias occidentales y ejecutado por el Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Hablar de Gaza exige, por tanto, salir del lenguaje de la propaganda y nombrar las cosas por su nombre: ocupación, apartheid, limpieza étnica y genocidio.

El origen histórico del conflicto se remonta a fines del siglo XIX, cuando el sionismo político europeo —nacido en el contexto del antisemitismo y las crisis nacionales europeas— comenzó a impulsar la creación de un Estado judío en Palestina. Aquella aspiración, sin embargo, no se desarrolló sobre un territorio vacío, como rezaba el viejo mito colonial de “una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra”, sino sobre una sociedad árabe palestina viva, con historia, cultura y continuidad territorial.

Tras la Primera Guerra Mundial y la desintegración del Imperio Otomano, Palestina quedó bajo mandato británico. Fue entonces cuando el imperialismo inglés, mediante la Declaración Balfour de 1917, abrió las puertas al asentamiento sionista masivo, subordinando los derechos de la población palestina a los intereses estratégicos occidentales en Medio Oriente. Desde ese momento, la cuestión palestina quedó atravesada por la lógica colonial: una población nativa progresivamente desplazada y una estructura estatal construida bajo tutela imperial.

La creación del Estado de Israel en 1948 significó para el pueblo palestino la Nakba, “la catástrofe”: más de 700 mil palestinos expulsados de sus tierras, cientos de aldeas arrasadas y una diáspora que hasta hoy continúa. El relato oficial occidental convirtió aquella expulsión en un “acto fundacional legítimo”, invisibilizando deliberadamente el carácter profundamente colonial del proceso. Desde entonces, Israel consolidó un régimen sostenido en la ocupación militar, la segregación territorial y el control permanente de la población palestina.

La guerra de 1967 profundizó aún más esta dinámica. Israel ocupó Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, iniciando un proceso sistemático de colonización mediante asentamientos ilegales, muros, checkpoints y un régimen jurídico dual: derechos plenos para colonos israelíes y sometimiento militar para los palestinos. Numerosos organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, incluso occidentales, han terminado por reconocer lo evidente: el sistema impuesto por Israel constituye una forma de apartheid.

Gaza representa la expresión más extrema de esta realidad. Desde 2007, el enclave permanece sometido a un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo que ha convertido a más de dos millones de personas en prisioneros dentro de una gigantesca cárcel a cielo abierto. Israel controla el acceso al agua, la electricidad, los alimentos, los medicamentos y el tránsito de personas. Cada ofensiva militar destruye hospitales, escuelas, viviendas e infraestructura básica, condenando a generaciones enteras a la miseria y al trauma permanente.

Sin embargo, lo que ocurre hoy supera incluso los crímenes anteriores. La ofensiva israelí desatada tras los ataques de Hamas del 7 de octubre ha alcanzado niveles de destrucción inéditos. Barrios completos han sido borrados del mapa; hospitales y centros de refugiados han sido bombardeados; periodistas, médicos y trabajadores humanitarios asesinados. Decenas de miles de civiles, en su mayoría mujeres y niños, han muerto bajo los ataques israelíes, mientras el hambre comienza a ser utilizada como arma de guerra.

El discurso del “derecho a defenderse” ha servido como cobertura ideológica para justificar una masacre transmitida en tiempo real. Las grandes potencias occidentales, particularmente Estados Unidos y la Unión Europea, no sólo han tolerado estos crímenes: los han financiado, armado y protegido diplomáticamente. Cada veto estadounidense en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas constituye, en los hechos, una autorización para continuar la matanza.

Desde una perspectiva marxista, el conflicto palestino no puede separarse de la estructura imperialista mundial. Israel opera como enclave estratégico de Occidente en Medio Oriente, garantizando el control político, militar y energético de una región decisiva para el capitalismo global. Por ello, la defensa irrestricta del Estado israelí por parte de Washington no responde a razones morales, sino geopolíticas. Palestina, en cambio, representa una causa profundamente antiimperialista: la resistencia de un pueblo colonizado frente a una maquinaria militar sostenida por las principales potencias del planeta.

La deshumanización sistemática del pueblo palestino ha sido condición indispensable para legitimar esta barbarie. La prensa corporativa occidental habla de “daños colaterales”, “objetivos militares” u “operaciones defensivas”, mientras las imágenes muestran niños mutilados, familias enterradas bajo escombros y ciudades enteras convertidas en ruinas. Cuando las víctimas son palestinas, el lenguaje dominante parece perder toda capacidad de indignación.

Y aun así, pese al horror, Palestina resiste. Resiste en Gaza, en Cisjordania, en los campos de refugiados y en las movilizaciones multitudinarias que recorren el mundo. Porque la causa palestina ha dejado de ser sólo una cuestión regional: se ha transformado en símbolo universal de la lucha contra el colonialismo, el racismo y el imperialismo contemporáneo.

En este contexto adquiere especial gravedad el reciente ataque contra la flotilla humanitaria que intentaba llevar ayuda a Gaza a través de aguas internacionales. La agresión contra embarcaciones civiles que buscaban romper el cerco humanitario constituye una nueva violación flagrante del derecho internacional y confirma el nivel de impunidad con que actúa el Estado israelí. No se trató únicamente de un ataque contra activistas solidarios: fue un mensaje político dirigido al mundo entero, una advertencia brutal contra quienes intenten desafiar el bloqueo y denunciar el genocidio.

La historia juzgará con severidad a quienes guardaron silencio frente a esta tragedia. También recordará a quienes, desde distintas partes del mundo, se negaron a aceptar como normal el exterminio de un pueblo. Porque Palestina no sólo interpela la conciencia humana; también desnuda el verdadero rostro del orden internacional contemporáneo: uno donde los derechos humanos parecen valer únicamente para quienes sirven a los intereses del poder.

Hoy, más que nunca, la solidaridad con Palestina no es un gesto abstracto de compasión. Es una definición política y moral frente a la barbarie.