21-09-2026

Durante décadas Chile construyó una de sus mayores ficciones democráticas: la idea de que la justicia estaba por encima de los intereses políticos, económicos y de clase. Se podía desconfiar del Congreso, de los partidos, del Gobierno o de los empresarios, pero el Poder Judicial aparecía como una especie de último refugio de la imparcialidad. Allí, se decía, terminaban las disputas y comenzaba el Derecho.

Los últimos años han hecho trizas esa imagen.

No fue una filtración aislada, una conversación inconveniente ni el comportamiento excepcional de un par de individuos. Lo que ha quedado expuesto mediante investigaciones periodísticas, sumarios, acusaciones constitucionales y causas judiciales es algo mucho más profundo: la existencia de redes de relaciones entre abogados, jueces, fiscales, empresarios y dirigentes políticos capaces de penetrar espacios que debieran funcionar bajo estrictas reglas de independencia.

El caso de Luis Hermosilla es probablemente la expresión más visible de este fenómeno. Los mensajes recuperados de su teléfono mostraron gestiones para intervenir en nombramientos judiciales y contactos con integrantes de las cortes. En particular, las conversaciones con el ministro Antonio Ulloa revelaron coordinaciones para promover candidatos a distintos cargos. En uno de esos intercambios, Ulloa le pide a Hermosilla que intervenga ante Andrés Chadwick para que este, a su vez, hable con el Presidente. En otros mensajes aparecen referencias a candidatos "leales" y "de nuestro sector". CIPER documentó posteriormente que las evidencias periodísticas coincidían con antecedentes recogidos por el propio Poder Judicial en su investigación interna.

Aquí aparece la pregunta que el país debería hacerse sin miedo: ¿qué significa que un abogado particular pueda operar como intermediario para promover jueces?

Significa que el problema deja de ser solamente la eventual conducta irregular de una persona. Porque cuando los cargos destinados a garantizar la independencia de la justicia pueden ser objeto de conversaciones privadas, recomendaciones políticas y redes de confianza, lo que entra en crisis es el principio mismo de igualdad ante la ley.

Y esto adquiere una dimensión política evidente cuando se observa quiénes aparecen alrededor de esas redes.

Hermosilla no era un abogado cualquiera. Durante años mantuvo una estrecha relación con sectores de la derecha chilena, particularmente con el piñerismo y con Andrés Chadwick. Fue asesor del Ministerio del Interior durante los gobiernos de Sebastián Piñera y su estudio jurídico recibió cientos de millones de pesos mediante contratos y convenios con el Estado. También defendió a Chadwick durante la acusación constitucional derivada de su actuación durante el estallido social.

No se trata de sostener que toda persona relacionada profesionalmente con un gobierno de derecha sea corrupta. Sería absurdo. El punto es otro: cuando un abogado se convierte simultáneamente en operador jurídico, asesor de autoridades, defensor de figuras políticas, intermediario ante el poder y gestor de nombramientos judiciales, las fronteras entre Derecho, política y poder económico comienzan a volverse peligrosamente borrosas.

Y cuando esas fronteras se borran, la justicia deja de parecer una institución distante de los poderosos y comienza a parecer una extensión de sus relaciones.

El caso de Ángela Vivanco llevó esa crisis hasta la propia Corte Suprema. El Senado terminó destituyéndola en octubre de 2024, después de acusaciones relacionadas con contactos indebidos, falta de imparcialidad e intervenciones en procesos de designación de cargos públicos. La documentación parlamentaria recoge, además, antecedentes sobre gestiones realizadas a través de Hermosilla en procesos de nombramiento.

También fue destituido Sergio Muñoz, aunque por hechos diferentes, vinculados a la anticipación de un fallo con efectos patrimoniales para su hija y a sus deberes de imparcialidad e inhabilidad. Es importante distinguir ambos casos: no todo cuestionamiento a un juez pertenece a la misma trama ni tiene la misma naturaleza. Precisamente por eso resulta más inquietante observar que, en un período relativamente breve, el máximo tribunal del país terminó enfrentando una crisis institucional de semejante magnitud.

Y después apareció nuevamente Ulloa.

Las investigaciones sobre sus vínculos con Hermosilla terminaron llevando el problema desde los chats privados hasta los allanamientos de dependencias judiciales y una investigación por eventuales delitos como cohecho, soborno y tráfico de influencias. Los antecedentes conocidos muestran que no se trataba simplemente de una amistad entre un abogado y un juez: existían conversaciones sobre nombramientos, candidatos y mecanismos para obtener respaldo político.

Entonces conviene abandonar por un momento la comodidad de hablar de "casos aislados".

Porque el neoliberalismo no es solamente una política económica. Es también una determinada concepción del poder: la supremacía de los intereses privados, la concentración de decisiones en pequeñas élites, la transformación de relaciones sociales en relaciones de mercado y la convicción de que quienes poseen recursos económicos, vínculos y capacidad de influencia tienen mejores posibilidades de hacer valer sus intereses.

En ese esquema, el Derecho puede convertirse en una herramienta extraordinariamente poderosa.

Quien tiene dinero puede contratar al mejor abogado. Quien posee relaciones puede acceder a quienes toman decisiones. Quien pertenece a determinadas redes sociales y profesionales puede circular por ministerios, estudios jurídicos, empresas, universidades y tribunales con una facilidad que resulta inimaginable para la mayoría de los ciudadanos.

El ciudadano común llega a tribunales con un número de causa.

Los poderosos llegan con nombres.

Ese es el verdadero problema.

Porque mientras a una persona común se le exige demostrar que tiene derecho a ser escuchada, las élites jurídicas y políticas pueden encontrarse en universidades, estudios de abogados, directorios, ministerios, seminarios y oficinas privadas. Allí se construyen relaciones que después pueden adquirir valor político, económico o judicial.

No siempre habrá delito. No siempre habrá corrupción. Pero cuando esas redes comienzan a intervenir en decisiones que deberían depender exclusivamente de la ley y los méritos, la democracia pierde algo mucho más importante que una determinada resolución judicial: pierde credibilidad.

Y una democracia cuya justicia deja de ser creíble se convierte en una democracia formalmente igualitaria y materialmente desigual.

Por eso resulta insuficiente responder a esta crisis diciendo que "hay que castigar a los corruptos". Naturalmente que quienes hayan cometido delitos deben responder ante los tribunales. Pero una sociedad democrática no puede limitarse a perseguir individuos mientras conserva intactas las estructuras que permiten que las influencias circulen.

Chile necesita discutir seriamente cómo se nombran sus jueces, cómo se controlan sus relaciones con abogados y grupos de interés, cómo se transparentan sus vínculos y cómo se evita que las carreras judiciales dependan de redes políticas. No por una cuestión partidista, sino porque la independencia judicial no puede descansar en la confianza personal de quienes participan en ella.

La propia Corte Suprema ha terminado reconociendo la necesidad de discutir modificaciones al gobierno judicial y a los sistemas de nombramiento. En 2026 informó al Congreso sobre un proyecto que busca crear nuevas instituciones para el gobierno judicial, un sistema de nombramientos y un tribunal de conducta judicial.

Pero hay algo todavía más profundo.

La justicia no puede ser verdaderamente independiente si la sociedad que la sostiene permanece profundamente desigual.

Cuando la riqueza compra abogados, cuando las relaciones compran acceso y cuando el poder económico puede construir redes mucho más densas que las disponibles para cualquier ciudadano común, la igualdad jurídica corre el riesgo de convertirse en una hermosa declaración escrita en papel.

El problema, entonces, no es solamente que algunos jueces hayan cruzado determinadas líneas. Es que descubrimos que las líneas existen y que algunos tuvieron la posibilidad de acercarse a ellas demasiado.

Durante mucho tiempo se nos dijo que en Chile las instituciones eran sólidas porque las élites sabían administrar el poder. Hoy la pregunta es distinta: ¿quién controla a quienes controlan la justicia?

Porque cuando los encargados de impartirla aparecen conversando con operadores políticos sobre nombramientos, cuando abogados se transforman en intermediarios entre jueces y gobiernos, cuando antiguos ministros y poderosos estudios jurídicos comparten intereses y cuando las investigaciones empiezan a revelar redes que atraviesan tribunales, partidos y negocios, ya no basta con hablar de "manzanas podridas".

Tal vez haya llegado la hora de mirar el árbol.