21-08-2026

Hay algo profundamente revelador en la manera en que Sebastián Sichel está administrando Ñuñoa: habla de recuperar el espacio público, de devolverlo a los vecinos, de terminar con el desorden y de hacer que la ciudad vuelva a ser habitable. Pero, al mismo tiempo, su administración ha convertido esa llamada “recuperación” en uno de los ejes centrales de una política que aumenta la actividad, el comercio, los eventos, las concesiones, las autorizaciones y, también, los ingresos municipales.

Y aquí aparece una pregunta incómoda que merece ser formulada sin eufemismos: ¿estamos recuperando el espacio público para que la gente viva mejor o estamos recuperándolo para convertirlo en una fuente más de ingresos para el municipio?

Porque ambas cosas no son necesariamente lo mismo.

La administración de Sichel ha hecho del ordenamiento del espacio público una bandera política. Y no es casualidad. Su propia gestión ha fortalecido la estructura destinada a administrar los ingresos municipales y ha aumentado la recaudación: según la cuenta pública municipal, los ingresos pasaron de $84 mil millones en 2024 a $89 mil millones en 2025, un crecimiento de 5,9%. Más aún, existen cobros específicos por la utilización del espacio público. En el caso de los grandes eventos del Estadio Nacional, el municipio estableció derechos por recuperación del espacio público y por resguardo del perímetro, precisamente para que las productoras paguen por las externalidades que generan.

La lógica parece impecable: si una actividad privada genera costos para la comuna, que pague. El problema comienza cuando la recuperación del espacio público deja de ser exclusivamente una política para mejorar la vida de los habitantes y empieza a convertirse también en una política de generación de ingresos.

Porque entonces aparece una tentación bastante evidente: cuanto más espacio se utiliza, más permisos pueden cobrarse; cuanto más actividades se autorizan, más derechos pueden recaudarse; cuanto más intensamente se ocupa la ciudad, mayor puede ser la actividad económica alrededor de ella.

Y de pronto el espacio público, que pertenece a todos, comienza a tener un valor especialmente interesante para las arcas municipales.

No es difícil entender la ironía. El alcalde dice que quiere recuperar el espacio público. Y el espacio público, convenientemente recuperado, también puede ayudar a hacer caja.

El problema no son los eventos. Es el modelo de ciudad

Ñuñoa necesita cultura. Necesita conciertos. Necesita ferias. Necesita comercio. Necesita restaurantes. Necesita actividades deportivas. Necesita vida nocturna. Nadie sensato podría estar en contra de eso.

El problema aparece cuando todo debe ocurrir en el espacio público y, además, todo el tiempo.

Plazas ocupadas, calles cerradas, parques convertidos en escenarios, veredas transformadas en extensiones comerciales, entradas del Metro rodeadas de comercio, actividades permanentes, eventos, terrazas, ferias, publicidad, puestos y flujos cada vez mayores de personas. Y entonces la ciudad empieza a confundirse con una gran superficie de actividad económica.

El ciudadano puede seguir caminando por ella, naturalmente. Pero cada vez encuentra menos lugares donde simplemente estar.

Porque una plaza no existe solamente para organizar actividades. Un parque no existe solamente para montar escenarios. Una vereda no existe para ampliar un negocio. Y una estación de Metro no existe para convertirse en una feria permanente.

Hay una función del espacio público que el mercado no sabe valorar: la posibilidad de utilizarlo gratuitamente para vivir.

Sentarse. Conversar. Jugar. Caminar. Descansar. Mirar pasar la tarde. Llevar a los niños. Encontrarse con un vecino.

Eso no produce ingresos, pero produce algo mucho más importante: comunidad.

Sichel dijo que quería “destrozar el ñuñoísmo”. La frase fue presentada como una declaración de guerra contra una determinada cultura política y social de la comuna. Pero destruir una caricatura no significa necesariamente comprender una ciudad.

Porque detrás de aquello que Sichel llama “ñuñoísmo” hay también algo bastante menos caricaturesco: una tradición de organización vecinal, de vida comunitaria, de plazas, barrios, centros culturales y espacios compartidos.

Y quizás esa sea la verdadera disputa.

No se trata de defender una Ñuñoa congelada en el tiempo. Se trata de decidir qué tipo de ciudad queremos construir.

Una ciudad puede modernizarse sin convertir cada rincón en un espacio de explotación comercial. Puede tener actividades culturales sin transformar permanentemente sus plazas. Puede promover gastronomía sin entregar las calles a las terrazas. Puede realizar espectáculos sin convertir a los vecinos en rehenes de ellos. Puede fomentar el comercio sin sacrificar los espacios de convivencia.

Y puede hacerlo sin olvidar que el espacio público tiene una función que no se puede medir en dinero: permitir que la comunidad se encuentre y viva.

El ciudadano que desaparece de su propia ciudad

Cuando se habla de recuperar el espacio público, generalmente se habla de seguridad, limpieza, comercio ilegal, rucos, incivilidades y delincuencia. Todo eso importa. Pero existe otra pregunta que rara vez aparece: ¿qué ocurre cuando el espacio público está formalmente recuperado, pero materialmente ya no está disponible para quienes viven en él?

Una persona mayor puede tener una plaza perfectamente limpia y vigilada, pero si está permanentemente ocupada por actividades, puestos, estructuras o eventos, ¿realmente puede disfrutarla? Un niño puede tener un parque recuperado, pero si el espacio disponible para jugar es cada vez menor, ¿qué significa exactamente esa recuperación? Una familia puede vivir frente a una plaza “activada”, pero si cada fin de semana debe soportar ruido, aglomeraciones y dificultades de desplazamiento, ¿quién está siendo beneficiado?

La ciudad puede estar más limpia. Puede tener más cámaras. Puede tener más inspectores. Puede tener más actividades. Puede incluso recaudar más.

Y, sin embargo, sus habitantes pueden estar viviendo peor.

Esa es la contradicción que la política de Sichel no parece querer mirar de frente.

Y después aparece el comercio ambulante. Aquí es donde el debate se vuelve particularmente tramposo.

Porque cuando una ciudad es llenada de actividad económica, naturalmente aparecen personas intentando participar de esa actividad.

El comercio ambulante se instala donde hay circulación, donde hay eventos, donde hay estaciones de Metro, donde hay plazas llenas, donde hay consumidores, donde hay oportunidades.

Por eso es un error presentar al vendedor ambulante como el origen del problema.

El vendedor llega después.

Aprovecha una dinámica urbana que ya fue creada.

Y esto no significa justificar la ocupación ilegal de veredas o negar las molestias que puede generar. Significa entender que perseguir exclusivamente al vendedor ambulante es una manera bastante cómoda de evitar la pregunta fundamental: ¿quién está diseñando una ciudad donde cada metro cuadrado termina convertido en un espacio de actividad económica?

Porque si se copan los espacios públicos con actividades, el comercio aparece. Si se llenan los lugares de consumo, aparecen quienes venden. Si se concentra gente, aparece quien intenta ganarse la vida con esa concentración.

Y entonces el municipio puede presentarse como el gran recuperador del espacio público, mientras simultáneamente administra las consecuencias de una política que contribuyó a saturarlo.

Es una paradoja casi perfecta.

Clase contra clase por unos pocos metros cuadrados

Y aquí aparece una dimensión social que no puede ser escondida detrás de la palabra “orden”.

El vecino que quiere una plaza tranquila y el trabajador que necesita vender no deberían ser enemigos. Pero pueden terminar siéndolo.

Uno necesita espacio para descansar. El otro necesita espacio para trabajar. Uno quiere caminar por una vereda despejada. El otro necesita esa vereda para vender. Uno quiere que la entrada del Metro esté libre. El otro sabe que allí pasan miles de potenciales compradores.

Y así, trabajadores y vecinos terminan disputándose los mismos metros cuadrados.

Clase contra clase, pero entre personas que muchas veces pertenecen al mismo mundo social y que tienen un enemigo mucho más profundo en común: una sociedad que obliga a unos a sobrevivir ocupando el espacio de otros.

Es mucho más fácil enfrentar al pobre contra el pobre que resolver el problema estructural.

Y esa es precisamente la discusión que debería abordar una municipalidad.

No se trata de elegir entre el vecino y el trabajador. Se trata de construir una política que permita que ambos puedan existir.

¿Y qué ocurre con los barrios que no generan rentabilidad política?

Aquí aparece otra contradicción todavía más profunda.

Porque mientras determinados sectores de Ñuñoa son presentados como vitrinas de la “recuperación” —plazas remodeladas, eventos, gastronomía, comercio, actividades culturales y grandes inversiones urbanas— existen barrios donde la discusión cotidiana sigue siendo bastante más básica: seguridad, iluminación, espacios comunitarios deteriorados, acceso a servicios, recuperación de áreas verdes y presencia efectiva del Estado.

No es que no exista ninguna intervención en esos sectores. Sería falso afirmarlo. Villa Frei, por ejemplo, ha recibido proyectos de mejoramiento urbano, seguridad e infraestructura, y existen iniciativas municipales y estatales destinadas a recuperar espacios históricamente postergados.

Pero precisamente eso demuestra algo importante: la recuperación del espacio público no puede reducirse a limpiar, desalojar, iluminar o poner cámaras.

Hay sectores de Ñuñoa donde el problema no se resuelve con un operativo.

En barrios donde la delincuencia y el narcotráfico han penetrado la vida cotidiana, no basta con expulsar a quienes ocupan un espacio. Hay que ocuparlo socialmente. Con cultura. Con deporte. Con educación. Con servicios públicos. Con centros comunitarios. Con bibliotecas. Con iluminación. Con áreas verdes. Con actividades permanentes para niños y jóvenes. Con trabajo comunitario. Con prevención. Con presencia del Estado.

Porque cuando el Estado abandona un territorio, alguien termina ocupándolo.

Y el narcotráfico entiende perfectamente esa ecuación.

Donde no hay cultura, instala su propia cultura. Donde no hay oportunidades, ofrece dinero. Donde no hay comunidad organizada, construye dependencia. Donde no hay Estado, aparece el poder del que sí está dispuesto a ocupar el territorio.

Por eso resulta insuficiente una política que entiende la recuperación principalmente como control territorial.

Un barrio no se recupera solamente sacando aquello que molesta.

Se recupera llenándolo de aquello que la comunidad necesita.

Sichel y la ciudad como empresa

Sichel ha dicho que le gustaría que los municipios se administraran “con la mirada de una empresa social”.

Y quizá ahí encontremos una de las claves para entender su gestión.

Porque desde esa mirada, la ciudad aparece como una organización que debe ser eficiente, recaudar, ordenar, producir actividad, atraer inversión y administrar recursos.

Todo eso puede ser necesario.

Pero una comuna no es una empresa.

El vecino no es un cliente.

La plaza no es un activo.

El parque no es una superficie disponible.

La calle no es una mercancía.

Y el espacio público no debería evaluarse únicamente por cuánto dinero puede generar.

Hay una riqueza que no aparece en los balances municipales: la tranquilidad de una persona mayor, la infancia jugando en una plaza, una conversación entre vecinos, una actividad comunitaria gratuita, un parque disponible para todos.

Eso también es riqueza.

Probablemente la más importante.

Recuperar para vivir

Por eso la alternativa a la política de Sichel no puede ser simplemente volver atrás. Tampoco se trata de dejar los espacios abandonados, tolerar cualquier ocupación o negar los problemas de seguridad.

La alternativa debe ser una verdadera política de recuperación social del espacio público.

Eso significa, en primer lugar, establecer una regla sencilla: el espacio público debe tener como prioridad la vida cotidiana de quienes habitan el territorio. Los eventos, actividades comerciales y concesiones deben subordinarse a esa prioridad y no al revés. No todo fin de semana necesita un evento. No toda plaza necesita una actividad. No toda calle necesita una terraza. El descanso también debe ser planificado.

Significa también crear espacios específicos y regulados para el comercio popular, de modo que los trabajadores puedan ganarse la vida sin competir permanentemente con peatones, niños o personas mayores. La solución no puede ser solamente perseguirlos.

Los ingresos obtenidos por permisos, derechos y actividades que utilizan el espacio público deben regresar de manera visible a los barrios que soportan sus externalidades. Si una actividad genera ingresos municipales porque utiliza una plaza, una calle o un parque, una parte de esos recursos debe volver a ese territorio.

Y Ñuñoa necesita, además, una política territorial de recuperación de barrios vulnerables que combine seguridad con cultura, educación, deporte, salud, iluminación, infraestructura, servicios y organización comunitaria. Al narcotráfico no se le gana solamente con cámaras: se le gana haciendo que el Estado y la comunidad vuelvan a estar presentes.

También se necesita un verdadero plan comunal de espacios para niños y personas mayores. No como una actividad ocasional, sino como una política permanente: plazas tranquilas, áreas verdes, bancos, sombra, juegos, baños públicos, accesibilidad universal y lugares donde nadie tenga que consumir para poder permanecer.

Y, por supuesto, transparencia. El municipio debe informar cuánto recauda efectivamente por la utilización económica del espacio público y cuánto de esos recursos vuelve a los barrios. Porque si el espacio es de todos, también deben ser públicos los beneficios que produce.

Finalmente, los vecinos deben tener una participación real en las decisiones sobre sus barrios. No ser consultados después de tomada la decisión, sino participar en la definición de qué actividades, horarios y usos son compatibles con la vida cotidiana de cada territorio.

Recuperar no es llenar

Sichel dijo que quería “destrozar el ñuñoísmo”.

Pues bien: quizás ha llegado el momento de preguntarle qué entiende exactamente por aquello que quiere destruir.

Porque si el “ñuñoísmo” era una caricatura, destruirla no tiene mayor mérito.

Pero si lo que se pretende destruir es una determinada idea de ciudad —una ciudad donde los espacios comunes tienen una función comunitaria y donde vivir bien no depende de cuánto se consume— entonces la discusión es mucho más seria.

Ñuñoa no necesita una guerra cultural.

Necesita una política urbana.

No necesita que el alcalde decida qué tipo de vecino merece tener la ciudad.

Necesita que todos puedan tenerla.

Porque una ciudad verdaderamente recuperada no es aquella que tiene más eventos, más comercio, más terrazas, más cámaras o más recaudación.

Es aquella donde una persona mayor puede caminar tranquilamente. Donde un niño puede jugar. Donde un trabajador puede ganarse la vida sin tener que disputar una plaza. Donde un joven puede encontrar cultura antes que narcotráfico. Donde una familia puede disfrutar un parque sin tener que consumir. Donde una calle sirve para caminar antes que para vender. Y donde el municipio entiende que el espacio público no existe para hacer caja.

Existe para hacer comunidad.

Porque cuando las luces del espectáculo se apagan, cuando los puestos se levantan, cuando las terrazas cierran y cuando termina el último evento, los vecinos siguen ahí.

Los niños siguen ahí.

Los trabajadores siguen ahí.

Las personas mayores siguen ahí.

Y los barrios que durante años han esperado cultura, servicios, seguridad y dignidad también siguen ahí.

Por eso la pregunta ya no es solamente quién recupera el espacio público.

La verdadera pregunta es:

¿Para quién lo estamos recuperando?

Porque Ñuñoa no es una empresa.

No es un mall.

No es un escenario.

Y tampoco es una caja municipal.

Ñuñoa es una comuna para vivir.