21-06-2026

Los pueblos migran desde mucho antes de la existencia de las fronteras modernas. Lo hacen buscando trabajo, seguridad, mejores condiciones de vida o simplemente una oportunidad para sobrevivir. Sin embargo, en tiempos de crisis económicas, incertidumbre social y creciente desigualdad, los migrantes suelen transformarse en uno de los blancos preferidos de quienes buscan construir enemigos internos.

El reciente debate sobre los niños haitianos que ingresaron a Chile mediante procesos de reunificación familiar dejó en evidencia una realidad preocupante. Más allá de las investigaciones legítimas que corresponde realizar cuando existen antecedentes de posibles irregularidades administrativas o eventuales delitos, el tratamiento político y mediático del caso terminó afectando a una comunidad completa.

Numerosos titulares, comentarios televisivos y publicaciones en redes sociales instalaron la idea de que existía una red de secuestro o desaparición masiva de menores haitianos antes de que las investigaciones concluyeran sus resultados. Con el paso de los días, distintas autoridades reconocieron que no existían antecedentes que permitieran afirmar que los menores estuvieran secuestrados o desaparecidos, mientras muchos de ellos fueron siendo ubicados junto a sus familiares o tutores. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.

Para miles de haitianos residentes en Chile, el efecto fue inmediato. 

Personas trabajadoras, familias completas y comunidades enteras comenzaron a sentir que eran observadas con sospecha. Lo que inicialmente aparecía como una investigación sobre posibles irregularidades terminó convirtiéndose, en muchos espacios públicos, en una discusión sobre los propios haitianos. La diferencia es fundamental. Investigar posibles delitos es una obligación del Estado. Estigmatizar a una comunidad es una forma de discriminación.

En este contexto, resulta inevitable cuestionar la responsabilidad política y comunicacional de quienes contribuyeron a instalar en la opinión pública las interpretaciones más alarmistas del caso antes de que existieran conclusiones definitivas. Un gobierno comprometido con los derechos humanos y el Estado de Derecho tiene el deber de actuar con prudencia, especialmente cuando están en juego la reputación y la dignidad de comunidades vulnerables.

El gobierno de José Antonio Kast afirmó estar actuando para proteger a la infancia y esclarecer posibles irregularidades. Sin embargo, la forma en que el caso fue presentado públicamente contribuyó a generar un clima de sospecha generalizada sobre la comunidad haitiana. El resultado fue que miles de personas terminaron asociando a una población migrante completa con delitos que todavía estaban siendo investigados. La responsabilidad de una autoridad no consiste únicamente en perseguir eventuales delitos, sino también en evitar que la acción del Estado se transforme en una fuente de estigmatización colectiva.

Igualmente preocupante fue el comportamiento de diversos comunicadores y figuras mediáticas que abordaron el tema con más pasión que rigor. Cuando un periodista reemplaza la verificación de los hechos por opiniones categóricas, abandona una de las obligaciones fundamentales de su profesión. En una democracia, los medios tienen derecho a cuestionar, investigar y denunciar, pero también tienen el deber de distinguir claramente entre hechos comprobados, hipótesis de investigación y opiniones personales.

El caso del comunicador Astorga ha sido especialmente controvertido debido al tono y la contundencia de algunas de sus intervenciones públicas sobre este tema. Más allá de las legítimas diferencias políticas que puedan existir, resulta razonable preguntarse si determinadas afirmaciones fueron emitidas con el nivel de evidencia que una acusación de semejante gravedad exige. Cuando se habla de tráfico de menores, trata de personas o desapariciones infantiles, el estándar de responsabilidad debe ser extraordinariamente alto. De lo contrario, el debate público corre el riesgo de transformarse en un espacio donde las sospechas adquieren el estatus de verdad antes de que los hechos hayan sido establecidos.

Desde una perspectiva marxista, este fenómeno no es nuevo. A lo largo de la historia, las élites económicas y políticas han utilizado frecuentemente la división entre trabajadores nacionales y trabajadores migrantes para debilitar la solidaridad entre quienes comparten los mismos problemas materiales. Cuando la discusión pública se centra en señalar al extranjero como amenaza, desaparecen del debate cuestiones como los bajos salarios, la precarización laboral, el costo de la vida, la concentración de la riqueza o las desigualdades estructurales que afectan a la mayoría de la población.

La xenofobia cumple así una función política. No resuelve ninguno de los problemas reales que enfrentan las grandes mayorías, pero sí permite construir un culpable visible y vulnerable. En lugar de cuestionar las causas profundas de la desigualdad, se dirige la frustración social hacia quienes poseen menos poder para defenderse.

La responsabilidad de los medios de comunicación es especialmente relevante. El periodismo cumple una función democrática esencial cuando investiga, verifica información y fiscaliza a las autoridades. Pero cuando se abandona el rigor y predominan los titulares alarmistas, las simplificaciones o la búsqueda de impacto emocional, el resultado puede ser la difusión de prejuicios y el fortalecimiento de discursos discriminatorios.

Esto no significa que las investigaciones deban detenerse ni que las irregularidades detectadas deban ignorarse. Por el contrario, cualquier indicio de tráfico de personas, falsificación documental o vulneración de derechos de niños y niñas debe ser investigado con toda la fuerza de la ley. Lo que se cuestiona es la tendencia a transformar sospechas en condenas mediáticas y a presentar a comunidades enteras como responsables de hechos que aún están siendo investigados.

Desde una mirada marxista, el problema es aún más profundo. La construcción mediática del miedo suele operar como un mecanismo que desplaza la atención desde los problemas estructurales hacia grupos vulnerables que poseen escasa capacidad para defenderse públicamente. En lugar de discutir la desigualdad, la precarización laboral, la concentración de la riqueza o las responsabilidades institucionales, la atención se concentra sobre comunidades migrantes convertidas en objeto de sospecha. Así, el extranjero termina ocupando el lugar de culpable visible, mientras las causas profundas de los problemas sociales permanecen fuera del foco principal del debate.

La historia demuestra que los discursos xenófobos rara vez comienzan con llamados explícitos a la discriminación. Generalmente empiezan mediante la repetición constante de sospechas, la asociación sistemática entre migración y delito, y la presentación de grupos humanos completos como potenciales amenazas. Es precisamente así como han operado históricamente numerosas corrientes reaccionarias y fascistas: construyendo miedo, identificando enemigos internos y promoviendo divisiones entre quienes comparten una misma condición social.

Por eso resulta especialmente grave cuando autoridades gubernamentales, dirigentes políticos o figuras mediáticas contribuyen, voluntaria o involuntariamente, a alimentar ese clima. Las palabras tienen consecuencias. Un titular irresponsable puede transformarse en discriminación cotidiana. Una acusación realizada sin suficiente fundamento puede convertirse en hostigamiento contra familias enteras. Una campaña basada en el miedo puede terminar legitimando prácticas que vulneran derechos fundamentales.

La comunidad haitiana en Chile merece exactamente lo mismo que cualquier otra comunidad humana: respeto, igualdad ante la ley y protección de sus derechos fundamentales. Las personas migrantes no son responsables de las crisis económicas, de la desigualdad ni de los problemas estructurales que afectan a la sociedad chilena. Son, en muchos casos, trabajadores y trabajadoras que enfrentan las mismas dificultades que millones de chilenos.

La verdadera discusión no debería ser cómo dividir a los sectores populares entre nacionales y extranjeros. La verdadera discusión debería centrarse en cómo construir una sociedad más justa, donde los derechos humanos, la dignidad de las personas y la igualdad de trato estén por encima de los prejuicios, la discriminación y el uso político del miedo.

Porque cuando la xenofobia se normaliza, no sólo pierden los migrantes. Pierde la democracia, pierden los derechos humanos y pierden todos los pueblos que aspiran a convivir en igualdad y dignidad. Y cuando los trabajadores son divididos por su nacionalidad, color de piel o lugar de origen, quienes verdaderamente se benefician son aquellos sectores que prefieren que las mayorías se enfrenten entre sí antes que cuestionar las estructuras de poder y desigualdad que continúan marcando nuestras sociedades.