20-05-2026

Desde el 11 de marzo de 2026, cuando José Antonio Kast recibió la banda presidencial en Valparaíso prometiendo “orden, crecimiento y autoridad”, el nuevo bloque gobernante intentó instalar la idea de un cambio de ciclo histórico en Chile. La derecha radical y empresarial buscó presentar su llegada a La Moneda como el cierre definitivo del ciclo abierto por la revuelta popular de octubre de 2019 y, al mismo tiempo, como la derrota cultural del progresismo que administró el capitalismo chileno durante el gobierno de Gabriel Boric. Sin embargo, apenas setenta días después, el primer cambio de gabinete del mandatario revela algo mucho más profundo: no la consolidación de un nuevo orden, sino las primeras fisuras de un proyecto político incapaz de resolver las contradicciones estructurales del modelo neoliberal chileno.

La salida de Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad y de Mara Sedini de la vocería no constituye solamente un ajuste comunicacional. Es, ante todo, la confesión política de un fracaso prematuro. Kast llegó al poder levantando la seguridad como eje central de su hegemonía. La promesa de restaurar el orden frente al crimen organizado, la migración irregular y la “violencia” fue el cemento ideológico que articuló a la derecha tradicional, al empresariado y a amplios sectores medios atemorizados por la crisis económica y social. Pero la realidad material de Chile terminó chocando rápidamente con la retórica republicana.

Porque el problema de la inseguridad no nace de la supuesta “debilidad moral” de gobiernos anteriores, como repite la derecha, sino de décadas de descomposición social incubadas por el propio neoliberalismo chileno: precarización laboral, narcotráfico en territorios abandonados por el Estado, segregación urbana, privatización de derechos básicos y destrucción sistemática de las organizaciones populares. Kast pretendió enfrentar una crisis estructural únicamente mediante disciplina policial, militarización discursiva y autoridad presidencial. El resultado ha sido el esperable: el delito no disminuye, la percepción de inseguridad continúa creciendo y el gobierno comienza a pagar el costo político de haber transformado la seguridad en su principal bandera electoral.

No es casual que el reemplazo de Steinert sea Martín Arrau, uno de los cuadros más ideológicamente disciplinados del republicanismo. Tampoco es casual que Claudio Alvarado concentre Interior y Vocería, transformándose en un biministro encargado simultáneamente del control político y de la comunicación gubernamental. Lo que emerge detrás de este rediseño es una lógica de repliegue y centralización del poder. Cuando un gobierno comienza tempranamente a reducir autonomías internas y acumular funciones en figuras de máxima confianza, lo que expresa no es fortaleza, sino inseguridad política.

El episodio posee además una dimensión simbólica imposible de ignorar. Kast removió a dos mujeres y las reemplazó por hombres provenientes del núcleo duro oficialista, reduciendo aún más la ya limitada presencia femenina en el gabinete.  Esto no constituye un accidente administrativo, sino una expresión coherente de la cultura política conservadora que sostiene al gobierno: una visión jerárquica, autoritaria y patriarcal del poder, donde la diversidad sólo fue tolerada mientras resultó funcional a la instalación inicial del Ejecutivo.

Sin embargo, la crisis del gobierno no puede analizarse únicamente desde el plano ministerial. Lo decisivo es observar el contexto económico y social que rodea estos movimientos. Desde marzo, el Ejecutivo ha intentado avanzar en un programa orientado a la desregulación económica, reducción del gasto público y fortalecimiento del gran capital, acompañado por una agresiva narrativa securitaria. Pero la economía chilena continúa estancada, el endeudamiento de las familias persiste y las promesas de reactivación aún no se traducen en mejoras concretas para la mayoría trabajadora. Mientras tanto, conflictos como la situación de Codelco, sometida ahora a auditorías y cuestionamientos desde el nuevo oficialismo, muestran la tensión entre el capital privado y el rol histórico del Estado sobre los recursos estratégicos del país.

Desde una perspectiva marxista, lo que observamos es la clásica contradicción entre legitimidad política y dominación de clase. Kast llegó a La Moneda prometiendo restaurar el orden del capital en un país que todavía arrastra las heridas abiertas del estallido social. Pero el capitalismo chileno atraviesa una crisis de hegemonía que no puede resolverse únicamente mediante coerción. El problema del actual gobierno es que intenta administrar una sociedad fracturada utilizando exclusivamente instrumentos de autoridad, disciplina y control, sin ofrecer un horizonte material de integración para las grandes mayorías.

Por eso este cambio de gabinete ocurre tan temprano. Porque el proyecto republicano comienza a descubrir que gobernar Chile no consiste solamente en ganar elecciones o instalar consignas identitarias. La Moneda enfrenta ahora la misma realidad que enfrentaron todos los gobiernos desde la transición: un país profundamente desigual, subordinado al gran capital financiero y exportador, donde las promesas de estabilidad chocan permanentemente con la precariedad cotidiana de millones de trabajadores.

La paradoja histórica es evidente. Kast pretendía clausurar el ciclo político abierto por octubre de 2019. Sin embargo, en apenas dos meses, la realidad social vuelve a demostrar que las contradicciones que estallaron aquel año siguen intactas. Bajo nuevas formas, con otros lenguajes y distintos actores, la crisis orgánica del modelo chileno continúa desarrollándose. Y el primer cambio de gabinete del nuevo gobierno aparece ya no como un simple ajuste administrativo, sino como el síntoma temprano de una administración que comienza a descubrir los límites reales de su propia promesa de orden.