12-07-2026

Hay momentos en la historia política de un país en que una designación ministerial deja de ser simplemente un nombramiento administrativo y se transforma en una declaración de principios. La llegada de Jorge Quiroz al Ministerio de Hacienda del gobierno de José Antonio Kast pertenece a esos momentos. No sólo por su trayectoria profesional, sino por lo que representa: la continuidad de una idea profundamente arraigada en la derecha chilena, aquella que sostiene que quienes han acumulado poder económico en el mundo privado son precisamente quienes están llamados a administrar el Estado.

El argumento parece sencillo y hasta seductor: “los expertos deben gobernar”. Pero detrás de esa frase aparentemente neutral se esconde una vieja discusión política: ¿expertos al servicio de quién? ¿Al servicio de la mayoría social que vive de su trabajo, o al servicio de quienes concentran la propiedad, el capital y la capacidad de decidir sobre la economía nacional?

La historia chilena demuestra que esta pregunta no es menor. Durante décadas, la derecha política y económica ha defendido la idea de que el mercado es el mecanismo natural para ordenar la sociedad, mientras reduce el papel del Estado a garantizar las condiciones para que los grandes actores económicos puedan operar con la menor cantidad posible de restricciones. En esa lógica, los derechos sociales aparecen como costos, los trabajadores como variables de ajuste y las regulaciones como obstáculos para la libertad empresarial.

Por eso la figura de Jorge Quiroz resulta políticamente significativa. No se trata solamente de un economista ocupando una cartera ministerial. Se trata de la expresión de una relación histórica entre el poder económico privado y el poder político estatal.

Del mundo empresarial al control de la política económica

Antes de llegar al Ministerio de Hacienda, Jorge Quiroz construyó una extensa trayectoria como economista, consultor y asesor de grandes empresas. Su nombre aparece asociado a informes económicos, asesorías y defensas técnicas de compañías involucradas en controversias relacionadas con libre competencia.

Diversas investigaciones periodísticas han puesto bajo la lupa su participación como asesor económico o testigo experto de empresas que posteriormente fueron sancionadas por organismos de competencia en casos emblemáticos de colusión, entre ellos los conocidos casos de farmacias, pollos, transporte marítimo y otros mercados donde se acreditaron prácticas que afectaron la competencia y terminaron perjudicando a consumidores.

Aquí aparece una cuestión política fundamental: incluso cuando un profesional actúa dentro del marco legal como asesor privado, existe un debate legítimo sobre la cercanía entre quienes defienden los intereses de grandes empresas y quienes posteriormente pasan a dirigir las políticas económicas de todo un país.

Porque Hacienda no es un ministerio cualquiera. Desde allí se define la orientación del presupuesto nacional, las prioridades del gasto público, la política tributaria y las señales económicas que reciben trabajadores, empresarios, inversionistas y mercados.

No es lo mismo que una persona con una larga trayectoria vinculada al mundo empresarial asesore desde una oficina privada, que esa misma persona tenga en sus manos las decisiones que afectan a millones de ciudadanos.

La pregunta que surge es inevitable: ¿estamos frente a un Estado al servicio de todos, o frente a un Estado administrado desde la mirada de quienes históricamente han concentrado el poder económico?

La puerta giratoria entre el poder económico y el poder político

Uno de los grandes problemas de la democracia moderna es la llamada puerta giratoria: ese movimiento permanente entre altos cargos privados y altos cargos públicos. Empresarios, ejecutivos, abogados corporativos y consultores que pasan desde compañías privadas hacia el Estado y luego regresan al sector privado acumulando influencia, contactos y capacidad de decisión.

En Chile esta práctica ha sido denunciada durante años por distintos sectores políticos y sociales. No porque toda persona proveniente del mundo privado sea incapaz de ejercer una función pública, sino porque existe un problema estructural cuando las decisiones del Estado terminan siendo tomadas desde una visión profundamente condicionada por los intereses de quienes tienen más poder económico.

La economía no es una ciencia aislada de la sociedad. Detrás de cada decisión económica existen beneficiados y perjudicados.

Cuando se decide reducir impuestos a los sectores de mayores ingresos, alguien gana y alguien deja de recibir recursos. Cuando se flexibilizan regulaciones laborales, alguien obtiene mayor margen de acción y alguien pierde protección. Cuando se prioriza el equilibrio fiscal por sobre la inversión social, hay sectores que cargan con las consecuencias.

La discusión económica nunca es puramente técnica. Siempre es una discusión política.

Y ahí está precisamente una de las grandes contradicciones del discurso de la derecha chilena: mientras afirma que sus decisiones son “técnicas”, en realidad expresa una determinada visión de sociedad. Una sociedad donde el crecimiento económico suele estar por encima de la distribución de la riqueza; donde la iniciativa privada ocupa un lugar central; y donde las desigualdades son presentadas como consecuencias naturales del funcionamiento económico.

El ministro economista y la economía de los grandes grupos

Uno de los elementos más preocupantes del actual escenario es la sensación de que el Ministerio de Hacienda funciona bajo una lógica donde la confianza de los mercados parece tener más importancia que la confianza de la ciudadanía.

La derecha suele hablar de “dar certezas”, pero cabe preguntarse: ¿certezas para quién?

¿Certeza para una familia trabajadora que no sabe si podrá pagar el arriendo, la educación de sus hijos o una atención médica oportuna?

¿Certeza para quienes reciben salarios que no alcanzan para cubrir el costo de vida?

¿O certeza para grandes inversionistas que buscan estabilidad para mantener sus tasas de ganancia?

La experiencia histórica demuestra que cuando las políticas económicas se diseñan exclusivamente desde la perspectiva del capital, las consecuencias sociales suelen recaer sobre quienes tienen menor capacidad de presión.

El trabajador común no tiene equipos jurídicos, asesores económicos ni capacidad de lobby. Una pequeña empresa no tiene la misma influencia que un conglomerado económico. Una familia endeudada no puede sentarse a negociar con el Estado en igualdad de condiciones frente a grandes grupos empresariales.

Por eso el debate sobre Jorge Quiroz no debe reducirse a su currículum profesional. El debate de fondo es qué intereses representa una política económica determinada.

El "especulador legislativo": cuando las reglas parecen acomodarse al poder

Otro aspecto que ha generado cuestionamientos políticos es la forma en que desde Hacienda se han impulsado modificaciones y ajustes a proyectos legislativos durante su tramitación, generando críticas de sectores que ven una estrategia orientada a introducir cambios sustantivos en momentos donde existe menor capacidad de discusión pública.

Esta práctica ha sido interpretada por sus críticos como una forma de “especulación legislativa”: esperar el momento adecuado para introducir modificaciones que cambian el sentido original de una iniciativa, aprovechando negociaciones políticas de última hora.

El problema no es solamente procedimental. Es democrático.

Cuando las grandes decisiones económicas de un país se definen entre especialistas, técnicos y negociadores alejados del debate ciudadano, la política pierde transparencia y la sociedad queda reducida al papel de espectadora.

La democracia no puede limitarse a votar cada cierto tiempo. También debe permitir que las mayorías sociales participen realmente en las decisiones que afectan sus vidas.

La derecha chilena y su verdadera concepción del Estado

El caso de Jorge Quiroz permite observar una característica histórica de la derecha chilena: su permanente desconfianza hacia el Estado cuando este busca proteger derechos sociales, pero su absoluta confianza en el Estado cuando sirve para garantizar las condiciones de funcionamiento del gran capital.

El Estado aparece como problema cuando regula empresas, pero aparece como solución cuando rescata mercados, asegura inversiones o protege intereses económicos.

Durante décadas, millones de trabajadores han escuchado que no existen recursos suficientes para mejorar pensiones, salud o educación. Pero al mismo tiempo, siempre parecen existir recursos, tiempo y voluntad política cuando se trata de defender la estabilidad de los mercados o las condiciones favorables para los grandes grupos económicos.

Esa contradicción es una de las razones profundas del descontento social.

Porque una sociedad no puede sostenerse indefinidamente sobre la idea de que los sacrificios siempre deben recaer en los mismos sectores mientras los beneficios se concentran arriba.

Despertar frente a una vieja historia que vuelve a repetirse

El problema no es Jorge Quiroz como individuo. El problema es lo que simboliza.

Simboliza una forma de entender Chile donde quienes tienen mayor poder económico terminan teniendo también mayor influencia política. Simboliza una visión donde la economía se administra desde arriba y donde las mayorías deben confiar en que quienes poseen más riqueza también sabrán gobernar para todos.

Pero la historia demuestra que ningún derecho social fue entregado voluntariamente por quienes concentran privilegios. Cada avance de los trabajadores, cada conquista social, cada mejora en las condiciones de vida, ha sido resultado de organización, movilización y conciencia colectiva.

Chile enfrenta nuevamente una definición histórica. No basta con observar cómo se toman las decisiones desde los ministerios. No basta con aceptar que los mismos sectores que durante décadas han defendido un modelo económico desigual sean ahora presentados como los únicos capaces de solucionar los problemas que ese mismo modelo generó.

La ciudadanía debe preguntarse quién gana y quién pierde con cada reforma, con cada presupuesto, con cada cambio económico.

Porque detrás de cada decisión técnica existe una decisión política.

Y detrás de cada decisión política existen intereses.

La tarea de una sociedad democrática es impedir que esos intereses sean siempre los mismos.

Cuando el Estado deja de ser una herramienta para garantizar bienestar colectivo y se convierte en un instrumento al servicio de los grupos con mayor poder económico, la democracia comienza a vaciarse de contenido.

Por eso el desafío no es solamente cuestionar a un ministro o a un gobierno. El desafío es despertar como sociedad frente a una estructura que durante demasiado tiempo ha normalizado que unos pocos decidan el destino de millones.

Porque un país no se construye únicamente con cifras de crecimiento.

Un país se construye con justicia, dignidad y con la certeza de que la economía debe estar al servicio de las personas, y no las personas al servicio de la economía.