11-03-2026

La crisis actual de Europa no puede comprenderse únicamente como una crisis económica, migratoria o institucional. Lo que hoy vive el continente es, sobre todo, una profunda crisis política e ideológica. El avance sostenido de la ultraderecha, el resurgimiento de discursos racistas y xenófobos, la normalización de prácticas autoritarias y el debilitamiento histórico de las fuerzas populares son el resultado de un largo proceso de descomposición en el cual la socialdemocracia europea ha jugado un papel decisivo. Paradójicamente, quienes durante décadas se presentaron como muro de contención frente al fascismo terminaron allanando el camino para su retorno.

La historia del movimiento obrero europeo estuvo marcada desde fines del siglo XIX por una tensión permanente entre revolución y reforma. Mientras el marxismo planteaba la necesidad de superar estructuralmente el capitalismo mediante la lucha de clases y la conquista del poder político por parte del proletariado, la socialdemocracia fue abandonando progresivamente esa perspectiva para adaptarse al orden liberal burgués. El punto de quiebre histórico se produjo en 1914, cuando los grandes partidos socialdemócratas europeos votaron a favor de los créditos de guerra de sus respectivas burguesías nacionales durante la Primera Guerra Mundial. Aquella traición, denunciada con fuerza por Lenin y Rosa Luxemburgo, significó el abandono definitivo del internacionalismo proletario y la subordinación del movimiento obrero a los intereses imperialistas de sus propios Estados.

Desde entonces, la socialdemocracia dejó de actuar como fuerza transformadora para convertirse en administradora del capitalismo. Su función histórica pasó a ser contener las aspiraciones revolucionarias de la clase trabajadora, canalizando el conflicto social hacia reformas parciales que no alteraran las bases del sistema. En momentos de crisis profundas, incluso, la socialdemocracia actuó abiertamente como sostén del orden burgués frente al ascenso popular.

El caso alemán resulta emblemático. Tras la Revolución de Noviembre de 1918, que derribó al káiser y abrió posibilidades reales para una transformación socialista, el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) optó por pactar con las élites militares y empresariales antes que permitir el avance revolucionario. Fue un gobierno socialdemócrata el que ordenó la represión sangrienta contra los espartaquistas y permitió el asesinato de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht en 1919. Aquella derrota no sólo liquidó la posibilidad de una Alemania socialista; también dejó intactas las estructuras económicas, militares y judiciales que años más tarde servirían de base para el ascenso del nazismo.

La socialdemocracia alemana creyó que podía estabilizar el capitalismo y contener simultáneamente a la revolución y al fascismo. Fracasó en ambos objetivos. La República de Weimar, sostenida sobre profundas contradicciones económicas y sociales, terminó colapsando bajo el impacto de la crisis de 1929. Millones de trabajadores empobrecidos, desocupados y desencantados con las promesas incumplidas del liberalismo comenzaron a desplazarse hacia opciones extremas. 

Mientras la izquierda aparecía fragmentada y debilitada, el nazismo supo capitalizar el miedo, la frustración y la humillación nacional.

El fascismo no surgió como una anomalía externa al capitalismo europeo, sino como una respuesta política de las clases dominantes frente a la crisis del sistema y el temor al avance revolucionario. Grandes sectores del empresariado alemán financiaron a Hitler porque lo consideraban una garantía contra el comunismo y el movimiento obrero organizado. La socialdemocracia, incapaz de ofrecer una salida radical a la crisis, terminó siendo arrastrada por los acontecimientos que ella misma contribuyó a incubar.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la socialdemocracia recuperó legitimidad gracias a la construcción del Estado de bienestar en Europa occidental. Durante algunas décadas, el capitalismo europeo logró combinar crecimiento económico, derechos sociales y relativa estabilidad política. Sin embargo, ese modelo no nació de una supuesta “humanización” del capitalismo, sino de condiciones históricas excepcionales: la reconstrucción europea de posguerra, el auge económico internacional y, sobre todo, la existencia de la Unión Soviética y del bloque socialista, cuya sola presencia obligaba a las burguesías occidentales a realizar concesiones para evitar el avance comunista en sus propios países.

La caída de la Unión Soviética alteró completamente ese equilibrio. Con el derrumbe del socialismo real, la socialdemocracia europea perdió incluso los modestos límites que alguna vez impuso al capital. En lugar de resistir el avance neoliberal, terminó abrazándolo. Tony Blair en Reino Unido, Felipe González y luego Zapatero en España, Gerhard Schröder en Alemania o François Hollande en Francia administraron privatizaciones, flexibilización laboral, reducción del gasto público y desmantelamiento progresivo de derechos sociales históricos.

La llamada “tercera vía” no fue más que la rendición ideológica completa de la socialdemocracia ante el neoliberalismo. Bajo un lenguaje modernizador y progresista, los partidos socialdemócratas comenzaron a gobernar prácticamente igual que la derecha tradicional. La diferencia entre unos y otros se volvió cada vez más estética y cultural, pero no estructural. Mientras las élites económicas acumulaban riqueza obscena, millones de trabajadores europeos comenzaron a experimentar precarización, pérdida de derechos, inseguridad laboral y deterioro de sus condiciones de vida.

Ese vacío político fue aprovechado por la ultraderecha. Allí donde la izquierda abandonó la lucha de clases y renunció a representar los intereses materiales de las mayorías populares, emergieron fuerzas reaccionarias que canalizaron el malestar social hacia el nacionalismo, el racismo y la xenofobia. La extrema derecha comprendió algo que la socialdemocracia olvidó hace décadas: la política requiere ofrecer identidades colectivas, certezas y horizontes de pertenencia.

Mientras la izquierda institucional hablaba el lenguaje tecnocrático de Bruselas y de los mercados financieros, la ultraderecha hablaba de nación, seguridad, identidad y protección social, aunque lo hiciera desde posiciones profundamente reaccionarias. El resultado está a la vista. Marine Le Pen en Francia, Alternativa para Alemania, Vox en España, Giorgia Meloni en Italia o Viktor Orbán en Hungría representan distintas expresiones de un mismo fenómeno: el retorno del autoritarismo como respuesta a la crisis del neoliberalismo europeo.

Pero sería un error pensar que el avance ultraderechista se debe únicamente a factores culturales o migratorios. La principal causa de este fenómeno es la destrucción sistemática de las condiciones materiales de vida de las clases trabajadoras europeas bajo décadas de neoliberalismo administrado tanto por la derecha como por la socialdemocracia. Cuando los partidos históricamente vinculados al movimiento obrero abandonan a los trabajadores y se integran plenamente al establishment, dejan abierto el terreno para que la reacción ocupe ese espacio.

La tragedia contemporánea de Europa reside en que buena parte de la izquierda institucional ya no discute el capitalismo, sino apenas su administración. Renunció a transformar el sistema y se limitó a gestionarlo con rostro humano. Pero el capitalismo en crisis no admite humanizaciones permanentes. En períodos de expansión puede conceder reformas; en períodos de crisis recurre crecientemente al autoritarismo, al militarismo y al disciplinamiento social.

La guerra en Ucrania, el rearme europeo, la persecución de la disidencia política, la criminalización de las protestas y el crecimiento del racismo antiinmigrante muestran que Europa atraviesa una peligrosa derechización estructural. Incluso sectores tradicionales de la socialdemocracia han terminado validando políticas represivas y discursos securitarios que hace algunas décadas habrían condenado públicamente.

La historia demuestra que el fascismo no derrota primero a la derecha liberal; derrota primero a una izquierda debilitada, domesticada o integrada al sistema. Cuando las fuerzas populares abandonan la disputa política profunda y aceptan los límites impuestos por el capital, terminan desarmando ideológica y organizativamente a las clases trabajadoras frente al avance reaccionario.

Por eso, la crisis de la socialdemocracia no es simplemente electoral: es una crisis histórica de proyecto. Europa enfrenta hoy las consecuencias de décadas de renuncias ideológicas, conciliación de clases y subordinación al neoliberalismo. La derrota del socialismo no produjo una era de democracia y prosperidad permanente, como prometían los ideólogos del “fin de la historia”. Produjo, por el contrario, un capitalismo más agresivo, más desigual y crecientemente autoritario.

El resurgimiento de la ultraderecha europea constituye, en gran medida, el fracaso histórico de una socialdemocracia que abandonó la transformación social para convertirse en administradora de un sistema en crisis. Y cuando la izquierda deja de ofrecer futuro, el miedo y la barbarie encuentran siempre quién los organice políticamente.

La experiencia chilena no escapa a esa lógica histórica. La izquierda nacional, particularmente desde el retorno a la democracia pactada en 1990, recorrió un camino muy similar al de la socialdemocracia europea: pasó de representar, al menos discursivamente, un horizonte de transformación estructural de la sociedad, a convertirse progresivamente en administradora del modelo neoliberal heredado de la dictadura. Ese tránsito no sólo debilitó a las fuerzas populares y al movimiento obrero; también incubó las condiciones para el avance de una nueva derecha radical y autoritaria en Chile.

La derrota histórica de la izquierda chilena no comenzó con las elecciones recientes ni con el ascenso de figuras como José Antonio Kast. Comenzó mucho antes, con la derrota política y militar del proyecto de la Unidad Popular en 1973. El golpe de Estado no buscó únicamente destruir al gobierno de Salvador Allende; buscó aplastar la posibilidad histórica de que las clases trabajadoras chilenas construyeran un camino soberano hacia el socialismo. La dictadura de Pinochet no fue solamente un régimen represivo: fue una profunda contrarrevolución económica, política y cultural destinada a reconfigurar completamente la sociedad chilena bajo los principios del neoliberalismo.

La brutalidad del terrorismo de Estado tuvo precisamente ese objetivo: desarticular las organizaciones populares, destruir la conciencia colectiva y reemplazar la idea de ciudadanía por la lógica individualista del mercado. El neoliberalismo chileno no se instaló únicamente mediante reformas económicas; se impuso mediante sangre, desapariciones, tortura y miedo.

Sin embargo, uno de los elementos más decisivos del triunfo neoliberal ocurrió después del fin formal de la dictadura. La transición pactada administrada por la Concertación consolidó gran parte de la estructura económica y constitucional heredada del pinochetismo. La centroizquierda chilena terminó aceptando como inevitables los pilares fundamentales del modelo: AFP, privatización del agua, mercantilización de la educación, concentración económica y subordinación del Estado al mercado.

La llamada “política de los consensos” operó como versión chilena de la socialdemocracia neoliberal europea. Bajo el argumento de la gobernabilidad y la estabilidad democrática, la ex Concertación abandonó cualquier perspectiva transformadora profunda y asumió como propia la administración del capitalismo neoliberal. Se redujo la pobreza, es cierto, pero al costo de consolidar una de las sociedades más desiguales del continente. El crecimiento económico convivió con endeudamiento masivo, precarización laboral y una profunda despolitización social.

Durante décadas, la izquierda institucional chilena reemplazó la idea de conflicto social por la tecnocracia. Los partidos se profesionalizaron, se alejaron de las bases populares y comenzaron a hablar el lenguaje de los expertos, de los indicadores macroeconómicos y de la “responsabilidad fiscal”. El resultado fue una ruptura progresiva entre las élites políticas y las grandes mayorías sociales.

La izquierda chilena, particularmente aquella integrada al orden institucional postdictadura, terminó aceptando el marco ideológico impuesto por el neoliberalismo. Incluso sectores que alguna vez se reivindicaron socialistas comenzaron a defender la “modernización” capitalista, la apertura irrestricta de mercados y la subordinación de la política a los intereses empresariales. El problema dejó de ser el sistema mismo y pasó a ser únicamente su administración más eficiente o más “humana”.

Pero el neoliberalismo nunca logró resolver las contradicciones estructurales de la sociedad chilena. Bajo la aparente estabilidad económica se acumulaba un profundo malestar social: salarios insuficientes, pensiones miserables, salud privatizada, educación convertida en negocio y una creciente concentración obscena de la riqueza. Chile exhibía cifras macroeconómicas admiradas internacionalmente mientras millones sobrevivían endeudados.

El estallido social de octubre de 2019 fue precisamente la irrupción de esas contradicciones contenidas durante décadas. Millones salieron a las calles no sólo contra un gobierno particular, sino contra todo un modelo histórico de acumulación neoliberal. La consigna “no son 30 pesos, son 30 años” sintetizó el agotamiento de la transición y de la administración concertacionista del sistema.

Sin embargo, la incapacidad de las fuerzas de izquierda para conducir políticamente aquel proceso volvió a abrir espacio para la reacción. Gran parte de la izquierda institucional osciló entre el miedo a la movilización popular y la necesidad de contenerla dentro de márgenes institucionales seguros para las élites económicas. El Acuerdo del 15 de noviembre expresó justamente esa voluntad de reconducir la crisis hacia una salida controlada.

La derrota posterior del proceso constituyente también debe analizarse desde esta perspectiva. La derecha logró capitalizar el miedo, la incertidumbre y el desgaste de una izquierda fragmentada, muchas veces desconectada de las preocupaciones materiales concretas de la población. Mientras amplios sectores populares demandaban seguridad económica y estabilidad cotidiana, parte de la izquierda quedó atrapada en discusiones identitarias o institucionales incapaces de construir una mayoría social sólida.

Ese vacío ha sido aprovechado por la nueva ultraderecha chilena. Kast y el Partido Republicano representan una expresión local de un fenómeno global: la radicalización autoritaria del neoliberalismo en crisis. Su discurso combina nacionalismo, conservadurismo moral, securitismo extremo y defensa irrestricta del gran empresariado. Pero su crecimiento no se explica únicamente por la manipulación mediática o por el legado cultural pinochetista; también se explica por el fracaso histórico de la centroizquierda y de buena parte de la izquierda institucional para ofrecer una alternativa real al modelo neoliberal.

La ultraderecha avanza cuando la izquierda deja de representar con claridad los intereses materiales de las clases trabajadoras. Cuando la política se vuelve indistinguible para las grandes mayorías, el malestar social puede ser capturado por proyectos reaccionarios que transforman la frustración popular en odio contra inmigrantes, pobres o movimientos sociales.

Chile atraviesa hoy una disputa histórica profunda. Por un lado, una élite económica que busca cerrar definitivamente el ciclo abierto en 2019 mediante más control social, más represión y restauración conservadora. Por otro, un campo popular fragmentado, golpeado y aún incapaz de reconstruir un proyecto estratégico común.

La principal crisis de la izquierda chilena no es electoral, sino ideológica. Durante demasiado tiempo se abandonó la formación política, la organización territorial y la construcción de poder popular para reemplazarlas por marketing electoral, acuerdos parlamentarios y administración institucional. Se debilitó la conciencia de clase y se aceptó, muchas veces sin cuestionamientos, el sentido común neoliberal impuesto desde la dictadura.

La historia demuestra que cuando las izquierdas renuncian a transformar radicalmente las estructuras económicas y sociales terminan siendo absorbidas por el sistema que pretendían reformar. Y cuando eso ocurre, las clases dominantes ya no necesitan una derecha moderada: abren paso a formas cada vez más autoritarias de dominación.

El desafío histórico de la izquierda chilena sigue siendo, en esencia, el mismo que enfrentó la Unidad Popular: construir una alternativa popular capaz de disputar no sólo gobiernos, sino poder real. Porque sin organización social, conciencia política y horizonte transformador, el neoliberalismo seguirá reproduciendo desigualdad, frustración y miedo. Y en sociedades gobernadas por el miedo, la ultraderecha siempre encuentra terreno fértil para crecer.