08-07-2026

Hay frases que, por su brutal sinceridad, terminan revelando mucho más que largos discursos políticos. La declaración del economista David Bravo, presidente de la Mesa de Reactivación Laboral, cuando afirmó que el mayor costo de despido provoca que “cada persona es un cacho” para las empresas, pertenece a esa categoría. En pocas palabras, una frase logró exponer una concepción del mundo donde el trabajador deja de ser una persona con derechos, historia, familia y dignidad, para transformarse en un número dentro de una planilla contable.

La polémica no nació solamente por una expresión desafortunada. Lo que provocó indignación en organizaciones sindicales y sectores del mundo laboral fue que esa frase dejó al descubierto una mirada profundamente arraigada en ciertos sectores empresariales y políticos: aquella que entiende que el principal problema del mercado laboral no son los bajos salarios, la precariedad, la inseguridad económica o las extensas jornadas de trabajo, sino la existencia de derechos que limitan la libertad absoluta del empleador.

Desde esa lógica, un trabajador protegido por una indemnización, por estabilidad laboral o por normas que impiden el despido arbitrario se convierte en un obstáculo. Es decir, el problema no sería que una empresa abuse del trabajador, sino que el trabajador tenga herramientas para defenderse del abuso.

La frase “cada persona es un cacho” tiene una carga ideológica mucho mayor de lo que algunos han querido reconocer. No es simplemente un comentario desafortunado; es la expresión de una determinada forma de comprender las relaciones sociales. Es la vieja idea de que el trabajo humano es una mercancía más y que todo aquello que impida reducir al trabajador a un costo debe ser eliminado.

Hace más de 150 años, Karl Marx explicó que una de las características centrales del capitalismo es la transformación de la fuerza de trabajo en una mercancía que se compra y se vende en el mercado. El trabajador entrega su capacidad de producir a cambio de un salario, pero detrás de esa relación económica existe una persona, una vida y una realidad social que no pueden reducirse a una cifra.

La frase de David Bravo pareciera llevar esa lógica hasta sus últimas consecuencias: si contratar a una persona implica responsabilidades, derechos y obligaciones, entonces la persona misma aparece como un problema. El trabajador no sería un aporte, un creador de riqueza o un integrante fundamental de la sociedad, sino un costo que debe minimizarse.

Resulta paradójico que quienes suelen hablar de “libertad económica” olviden mencionar que detrás de cada empresa exitosa existen millones de horas de trabajo humano. Las máquinas no inventan, no construyen, no producen por sí solas. Los edificios no se levantan solos, los alimentos no llegan solos a las mesas, las riquezas no aparecen por generación espontánea. Existe siempre una fuerza humana detrás de cada proceso productivo.

Pero en el relato dominante de ciertos sectores económicos, el empresario aparece como el único creador de valor, mientras el trabajador es presentado como una carga regulatoria. Cuando el trabajador reclama mejores condiciones, es llamado “conflictivo”. Cuando exige estabilidad, es considerado “rígido”. Cuando tiene derechos, se transforma en “un cacho”.

Quizás el problema no está en que existan trabajadores protegidos, sino en que todavía exista una visión empresarial que considera la dignidad humana como un costo.

La historia laboral de Chile demuestra que los derechos conquistados por las trabajadoras y trabajadores nunca fueron regalos concedidos voluntariamente por los sectores dominantes. La jornada de ocho horas, la seguridad social, la negociación colectiva, las vacaciones y las normas de protección laboral fueron resultado de décadas de organización sindical y lucha social. Cada derecho que hoy parece normal fue alguna vez considerado un obstáculo para la rentabilidad empresarial.

La derecha económica chilena ha repetido durante décadas que para generar empleo hay que “flexibilizar” las relaciones laborales. Pero detrás de esa palabra aparentemente técnica muchas veces se esconde una realidad concreta: menos protección para quien trabaja y más poder para quien contrata.

La pregunta entonces es inevitable: ¿flexibilizar para quién? ¿Para el trabajador que necesita estabilidad para pagar su vivienda, alimentar a su familia y proyectar su vida? ¿O para el empleador que quiere despedir con mayor facilidad y reducir costos?

Porque cuando se dice que una persona es “un cacho”, el mensaje implícito es que los derechos laborales molestan. Que la seguridad del trabajador incomoda. Que la dignidad humana debe subordinarse completamente a la rentabilidad.

Es una visión que pretende hacernos creer que el desarrollo de un país depende de cuánto se pueda abaratar el trabajo, cuando la verdadera riqueza de una nación está precisamente en quienes producen, crean, investigan, enseñan, construyen y sostienen la vida cotidiana.

Lo más revelador es que esta frase aparece en medio de un Chile donde miles de trabajadores enfrentan incertidumbre laboral, salarios que no alcanzan, endeudamiento y dificultades para acceder a una vida digna. En vez de discutir cómo mejorar la calidad del empleo, algunos sectores prefieren instalar la idea de que el problema son los trabajadores demasiado protegidos.

La ironía es evidente: quienes hablan permanentemente de defender la libertad parecen incomodarse cuando esa libertad también pertenece al trabajador; cuando este puede exigir respeto, reclamar derechos o negarse a aceptar condiciones injustas.

Quizás la frase de David Bravo debería ser agradecida, no por su contenido, sino por su capacidad de sincerar un debate. Porque cuando alguien dice que un trabajador es “un cacho”, nos permite ver con claridad una disputa histórica: si la economía debe estar al servicio de las personas o si las personas deben estar al servicio de la economía.

Para una sociedad verdaderamente democrática, el trabajador nunca puede ser un problema. El problema es un modelo que necesita invisibilizar a quienes generan la riqueza para justificar que reciban cada vez menos.

Al final, la pregunta que queda es sencilla: ¿quién es realmente el “cacho”? ¿La persona que trabaja para sostener una familia y construir un país, o una visión económica que todavía considera que la dignidad humana es un costo que debe reducirse?