02-06-2026

La solicitud de renuncia de la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, y del subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, ha sido presentada por el gobierno de José Antonio Kast como una señal de responsabilidad política y de fortalecimiento institucional. Sin embargo, más allá de los efectos comunicacionales inmediatos, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una contradicción que la derecha chilena ha intentado evitar durante años: la distancia entre su discurso de combate frontal al narcotráfico y las complejas relaciones que existen entre poder económico, poder político y criminalidad organizada dentro del propio modelo que históricamente ha defendido.

Durante décadas, la derecha ha construido una narrativa según la cual la delincuencia y el narcotráfico serían fenómenos externos al funcionamiento normal de la sociedad. El problema siempre aparecería ubicado en los barrios populares, en la pobreza, en la marginalidad o en la supuesta ausencia de autoridad. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que las grandes organizaciones criminales no prosperan únicamente gracias a quienes venden droga en una población. Prosperan porque existen redes financieras, circuitos de lavado de dinero, mecanismos de protección institucional y estructuras económicas que permiten transformar ganancias ilegales en patrimonio legal.

Desde esa perspectiva, el narcotráfico no constituye una anomalía aislada del sistema económico dominante. Por el contrario, aparece como una de las expresiones más brutales de una lógica donde la acumulación de riqueza se convierte en el criterio fundamental de éxito social. Cuando el lucro se transforma en valor supremo, la frontera entre la economía legal y la ilegal comienza a volverse más difusa de lo que los discursos oficiales suelen reconocer.

Las controversias que afectaron a autoridades encargadas de la seguridad pública no necesariamente prueban vínculos con actividades criminales. Pero sí exponen una contradicción política profunda. Un gobierno que prometió representar una superioridad moral frente al delito termina enfrentando cuestionamientos precisamente en el área donde había concentrado buena parte de su legitimidad electoral. Lo que se resquebraja no es solamente la imagen de determinadas autoridades, sino la credibilidad de una narrativa construida sobre la idea de que la derecha poseía una capacidad especial para enfrentar el crimen organizado.

En este contexto, las renuncias pueden interpretarse como una operación destinada a contener costos políticos, cerrar una crisis comunicacional y evitar que el debate continúe escalando hacia cuestionamientos más amplios sobre los criterios utilizados para designar autoridades en materias tan sensibles. El problema, sin embargo, es que remover nombres no elimina las preguntas de fondo. ¿Cómo se seleccionaron esas autoridades? ¿Qué mecanismos de evaluación existieron? ¿Por qué situaciones potencialmente conflictivas no fueron consideradas previamente? ¿Qué responsabilidades políticas corresponden a quienes realizaron tales nombramientos?

La historia reciente de América Latina demuestra que el crimen organizado rara vez se limita a los márgenes de la sociedad. Allí donde acumula poder económico, busca inevitablemente influir sobre instituciones, autoridades y espacios de decisión. Por eso resulta insuficiente reducir el debate a casos individuales. El verdadero desafío consiste en examinar las condiciones estructurales que permiten esa influencia y preguntarse por qué ciertos sectores políticos parecen más interesados en administrar los efectos del problema que en cuestionar sus causas profundas.

La derecha chilena ha insistido durante años en que la solución pasa por más cárceles, más atribuciones policiales y mayores sanciones penales. Sin embargo, la evidencia muestra que el narcotráfico se alimenta de factores mucho más profundos: desigualdad, segregación territorial, debilitamiento de las organizaciones sociales, precarización laboral y concentración extrema de la riqueza. Mientras esas condiciones permanezcan intactas, cualquier estrategia basada exclusivamente en la represión estará condenada a combatir los síntomas sin tocar las raíces del fenómeno.

Por eso las renuncias anunciadas por el gobierno difícilmente cerrarán el debate. Lo que está en discusión no es solamente la situación de dos autoridades, sino la credibilidad de un proyecto político que prometió erradicar el crimen organizado mientras continúa defendiendo un modelo social y económico que contribuye a reproducir muchas de las condiciones que permiten su expansión.

La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿puede un sector político combatir eficazmente las consecuencias de un problema sin cuestionar las estructuras que lo hacen posible? Mientras esa interrogante permanezca sin respuesta, las renuncias aparecerán más como un intento de administrar una crisis que como una solución real al avance del narcotráfico en la sociedad chilena.