01-06-2026

La primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast no fue simplemente un ejercicio de autocomplacencia gubernamental. Fue, sobre todo, una operación política destinada a construir un relato. Un relato cuidadosamente elaborado para ocultar las contradicciones de su propio proyecto, justificar futuras medidas regresivas y presentar como solución aquello que constituye precisamente la raíz de gran parte de los problemas que enfrenta Chile.

Detrás de las apelaciones al orden, la seguridad, el crecimiento económico y la reconstrucción nacional, apareció una vieja receta conocida por América Latina y por la historia de Chile: la promesa de estabilidad para proteger los privilegios de unos pocos, presentada como si fuera el interés de toda la nación.

La derecha chilena siempre ha sido particularmente hábil en la construcción de ficciones políticas. Lo fue durante la dictadura, cuando llamó "modernización" a la destrucción de derechos sociales. Lo fue durante la transición, cuando presentó el crecimiento económico como sinónimo de bienestar general mientras la riqueza se concentraba en cada vez menos manos. Y vuelve a serlo hoy, cuando pretende convencer al país de que los problemas generados por décadas de neoliberalismo pueden resolverse profundizando precisamente el mismo modelo que los produjo.

La Cuenta Pública de Kast estuvo atravesada por una contradicción fundamental: la pretensión de aparecer simultáneamente como heredero de un sistema exitoso y como salvador de un país supuestamente devastado.

Si Chile estaba tan destruido como afirma el Presidente, entonces habría que preguntarse quiénes gobernaron durante las últimas décadas y quiénes diseñaron el modelo económico que aún estructura la sociedad chilena. Si, por el contrario, el país conserva estabilidad institucional, capacidad productiva y fortaleza macroeconómica, entonces el discurso del desastre nacional no es más que una herramienta propagandística destinada a legitimar políticas de ajuste y concentración del poder.

La realidad histórica es mucho más compleja que el relato presidencial.

Chile no enfrenta únicamente una crisis de seguridad ni una desaceleración económica coyuntural. Lo que arrastra el país es una crisis estructural derivada de un modelo de desarrollo incapaz de resolver sus propias contradicciones. Décadas de privatización, mercantilización de derechos sociales, debilitamiento sindical y concentración económica han producido una sociedad profundamente desigual, donde el crecimiento de las grandes fortunas convive con el endeudamiento permanente de millones de trabajadores.

Nada de eso apareció en el discurso presidencial.

No hubo una sola reflexión seria sobre el poder de los grupos económicos. No hubo cuestionamiento alguno a la concentración de la riqueza. No hubo referencia significativa al deterioro de las condiciones laborales. No hubo una mirada crítica sobre la captura corporativa de buena parte de las decisiones estratégicas del Estado.

Por el contrario, la solución ofrecida consiste en más mercado, más incentivos para el gran empresariado y un Estado reducido a funciones policiales y administrativas.

Desde una perspectiva marxista, aquello no constituye una casualidad. El Estado no aparece aquí como un instrumento neutral situado por encima de las clases sociales. Aparece cumpliendo exactamente el papel que históricamente ha desempeñado bajo los gobiernos conservadores: garantizar las condiciones políticas necesarias para la reproducción de las relaciones de poder existentes.

Por eso la seguridad ocupa un lugar central.

La delincuencia es presentada como el principal problema nacional. La criminalidad aparece separada de toda explicación económica y social. Los delincuentes surgen como individuos aislados, desprovistos de contexto histórico, cultural o material.

Es una visión profundamente ideológica.

La historia demuestra que la violencia social no puede entenderse al margen de las condiciones materiales que la producen. Las sociedades más desiguales suelen ser también las más violentas. La exclusión, la precariedad, la segregación territorial y la falta de oportunidades constituyen factores decisivos en la reproducción de fenómenos criminales.

Pero reconocer aquello obligaría a discutir las consecuencias sociales del modelo neoliberal.

Y ese es precisamente el debate que la derecha busca evitar.

Por eso resulta más cómodo construir enemigos visibles: migrantes, delincuentes, manifestantes, opositores políticos o cualquier grupo susceptible de transformarse en objeto de temor colectivo. La política deja entonces de organizarse en torno a los conflictos entre clases sociales y pasa a estructurarse sobre la base del miedo.

Es una estrategia antigua.

Mientras la ciudadanía observa con preocupación el aumento de la inseguridad, permanece invisibilizada la inseguridad cotidiana que significa no llegar a fin de mes, trabajar en condiciones precarias, endeudarse para acceder a derechos básicos o depender de mercados privados para satisfacer necesidades esenciales.

La inseguridad económica desaparece del debate público para ser reemplazada por la inseguridad policial.

La Cuenta Pública también estuvo marcada por una permanente manipulación histórica.

Kast habló reiteradamente de reconstrucción nacional, como si el país hubiera sufrido una especie de catástrofe provocada exclusivamente por sus adversarios políticos. Sin embargo, gran parte de los problemas que hoy afectan a Chile se incubaron precisamente bajo los gobiernos y las políticas que la propia derecha promovió durante décadas.

La crisis de legitimidad institucional no comenzó en 2022.

La desconfianza ciudadana no nació con el último gobierno.

El malestar social que estalló en 2019 no surgió espontáneamente desde la nada.

Fue la expresión acumulada de décadas de abusos, desigualdades y promesas incumplidas.

La derecha pretende reescribir esa historia porque comprenderla implica reconocer que el conflicto fundamental de la sociedad chilena no enfrenta a ciudadanos honestos contra delincuentes, ni a patriotas contra enemigos internos, sino a una mayoría trabajadora que produce la riqueza del país frente a una minoría que concentra crecientemente sus beneficios.

Por eso la Cuenta Pública dejó una sensación de vacío.

Porque detrás de la retórica grandilocuente no existió una propuesta real para transformar las condiciones que originan los problemas nacionales. Hubo anuncios, consignas y promesas. Hubo apelaciones emocionales al orden y la autoridad. Hubo marketing político cuidadosamente diseñado para reforzar la imagen presidencial.

Pero faltó lo esencial: una comprensión seria de las causas profundas de la crisis chilena.

La mediocridad del discurso no radica únicamente en la pobreza de sus propuestas. Radica también en su incapacidad para comprender la complejidad histórica del país que pretende gobernar.

Y la mentira no consiste necesariamente en afirmar hechos falsos. Consiste, muchas veces, en ocultar deliberadamente aquello que resulta imprescindible para comprender la realidad.

La Cuenta Pública de José Antonio Kast hizo exactamente eso.

Habló largamente sobre las consecuencias, pero guardó silencio sobre las causas.

Condenó los síntomas mientras protegía el sistema que los produce.

Invocó la unidad nacional mientras defendía intereses profundamente particulares.

Y presentó como futuro una promesa que Chile ha escuchado durante más de cuarenta años: que los privilegios de unos pocos terminarán beneficiando al conjunto de la sociedad.

La historia ha demostrado una y otra vez que ese cuento no es más que eso.

Un cuento.

Y cada vez son más los chilenos que han dejado de creerlo.